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Por Bruno Cortés
Ciudad de México, 28 de junio de 2025. — En una sesión que parecía más un combate de box político que un debate parlamentario, el Senado de la República aprobó con 77 votos a favor y 30 en contra la controvertida Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con un discurso cargado de promesas de conectividad y soberanía tecnológica, la administración de Claudia Sheinbaum logró avanzar en su objetivo de cerrar la brecha digital para 15 millones de mexicanos. Eso sí, con una buena dosis de desconfianza sembrada entre la oposición y parte de la sociedad civil, que no dejaron de señalar los riesgos de censura y vigilancia.
La flamante ley crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una suerte de Frankenstein burocrático que sustituye al difunto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Entre sus grandes metas: conectar a más de 10 millones de habitantes en zonas sin cobertura y otros 4.4 millones que, aunque rodeados de señal, no pueden pagarla. Todo para que la bandera de la “soberanía tecnológica” ondee alto, mientras se multiplica el número de localidades conectadas: de 13 mil a 141 mil, como legado de la 4T.
Desde la tribuna, los senadores de Morena y aliados se esforzaron por mostrar la cara amable de la iniciativa. Javier Corral Jurado calificó la ley como “más justa e inclusiva”, celebrando el impulso a radios comunitarias y sociales, y la viabilidad financiera que ahora tendrían. Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que la ATDT no nació para espiar ni perseguir a nadie, sino para que las telecomunicaciones sirvan al pueblo y no a intereses privados. La eliminación del temido artículo 109 —ese que permitía bloquear plataformas digitales— se presentó como muestra de apertura al diálogo.
Pero la oposición no se tragó el anzuelo. PAN y PRI, con discursos que rozaron el teatro, alertaron sobre lo que llamaron “Ley Censura”. Alejandro Moreno, fiel a su estilo incendiario, tachó al oficialismo de “lacayos y esbirros de un régimen dictatorial”. Ricardo Anaya, con tono de cruzado de la libertad, denunció los riesgos de geolocalización y control al estilo “Big Brother”. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Verde, recordó que el artículo 190 ya permite localización en tiempo real, sembrando la duda sobre si la ATDT es un refrito con nuevos colmillos.
Más allá de los gritos, la nueva ley deja puntos a favor difíciles de ignorar: refuerza la cobertura social, permite a la CFE ofrecer internet en zonas marginadas y garantiza acceso al espectro radioeléctrico para radios comunitarias, indígenas y afromexicanas, con menos trabas burocráticas y más oportunidades de financiamiento local. Eso, al menos en el papel, suena como un avance real para los eternamente desconectados.
Un aspecto que logró aplacar algunas críticas fue la creación de un organismo colegiado dentro de la ATDT, con cinco consejeros avalados por el Senado, lo que —según sus defensores— garantizará independencia técnica. En paralelo, se preservaron mecanismos para evitar la pérdida de recursos orbitales y se blindó la ley contra propaganda de gobiernos extranjeros, salvo para temas turísticos, culturales o deportivos.
El proceso no fue ajeno al malestar ciudadano. Las audiencias públicas y conversatorios de mayo y junio dejaron claro que el país no está dispuesto a regalar su privacidad a cambio de un mejor Wi-Fi. Las modificaciones al dictamen, impulsadas por el diálogo con medios y sociedad civil, lograron suavizar el tono más autoritario de los primeros borradores, pero dejaron la sensación de que la vigilancia tecnológica sigue siendo un fantasma que ronda.
Así, el Senado despacha una ley que promete mucho y deja más de una incógnita. En un país donde el acceso a internet puede ser la diferencia entre el olvido y el progreso, la implementación real —y el escrutinio social— serán los verdaderos jueces de esta nueva era digital. Porque, al final, no se trata solo de conectar dispositivos, sino de garantizar que esa conexión no sirva para atar libertades.
