Ciudad de México, 19 de octubre de 2024. En una decisión contundente, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una proposición que insta a las autoridades a proporcionar un informe detallado sobre las medidas implementadas para proteger a la ciudadanía de los riesgos de explosiones por acumulación de gas LP. Este exhorto se produce en un contexto alarmante, donde se estima que el impacto económico de los desastres ha aumentado más del 202% en los últimos cuatro años, sumando más de 31,862 millones de pesos anuales.
La iniciativa, impulsada por el diputado Royfid Torres González del Movimiento Ciudadano (MC), busca que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital rinda cuentas sobre las acciones adoptadas para garantizar que los ciudadanos realicen verificaciones periódicas de sus instalaciones de gas. Además, se requiere un desglose de las herramientas disponibles para abordar cualquier deficiencia detectada.
El informe solicitado también debe incluir un análisis de las opiniones técnicas sobre gas estacionario emitidas por las unidades de protección civil de las 16 alcaldías, así como un estudio sobre el cumplimiento de las fases de prevención frente a posibles agentes perturbadores. La situación se vuelve aún más crítica al considerar que, en promedio, se registra una explosión por acumulación de gas LP cada ocho días en la metrópoli.
Particular atención se ha puesto en el caso de la alcaldía de Coyoacán, tras la trágica explosión en Cerrada Duraznotitla el pasado 21 de septiembre, que resultó en la muerte de dos personas y dejó a 21 heridos, además de afectar a 60 viviendas. El Congreso exige un informe público sobre las verificaciones ordinarias y extraordinarias realizadas en el último año, junto con un análisis del cumplimiento de las medidas de prevención.
El diputado Torres González enfatizó la necesidad de que la gestión de riesgos no se limite a un trabajo de expertos. “Requiere procesos de información abierta y coordinación entre autoridades, actores diversos y la sociedad en su conjunto”, afirmó. Es un llamado urgente a construir un marco de gobernanza que potencie la resiliencia de la comunidad frente a estos desafíos.
El Congreso de la Ciudad de México ha tomado una postura clara: la seguridad de sus habitantes debe ser prioritaria, y la transparencia en la gestión de riesgos es fundamental para prevenir tragedias futuras.
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