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Ciudad de México, 29 de noviembre de 2024. El Congreso de la Ciudad de México aprobó con modificaciones las observaciones presentadas por el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, al decreto que reformó diversos ordenamientos jurídicos para su armonización con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).
Entre los ajustes más relevantes, se desestimaron ciertas adiciones propuestas inicialmente, como las relacionadas con el divorcio bilateral, y se aprobaron reservas clave, como las presentadas por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA), que propusieron eliminar artículos sobre este tipo de divorcio y sobre la intervención de notarios en ciertos trámites.
La diputada Batres Guadarrama explicó que estas modificaciones buscaban garantizar que la Ciudad de México mantenga su papel como garante de los derechos civiles, asegurando que todas las personas tengan acceso a procedimientos judiciales justos, sin importar su situación económica. La reforma también busca preservar la supervisión estatal en procesos sensibles como el divorcio.
Durante la discusión, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) destacó que, aunque el CNPCF fue aprobado por el Congreso en julio, las observaciones enviadas en octubre por la Presidencia del Gobierno local reflejaban aspectos que necesitaban ser revisados, sobre todo en términos de armonización jurídica. Además, se subrayó la importancia de mantener la vigencia del principio del interés superior de la niñez, tal como se establece en las normas federales y locales.
Por otro lado, la reforma también incorporó medidas para proteger los datos personales de menores involucrados en trámites legales, respondiendo a una sugerencia de modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México.
El voto de la legisladora Yolanda García Ortega (PVEM) se centró en la discusión sobre los notarios, considerando que estos son auxiliares de la administración pública, pero no autoridades, lo que debe quedar claro en los actos jurídicos relacionados con el matrimonio. Por su parte, el diputado Jesús Sesma Suárez (PVEM) opinó que, aunque estaba de acuerdo con la mayoría del dictamen, consideraba equivocada la reincorporación del artículo 276 del Código Civil, derogando así un artículo que ya no tenía vigencia desde 2008.
A su vez, el legislador Pablo Trejo Pérez (PRD) subrayó la necesidad de dar certeza jurídica y evitar el abuso de las facultades de los notarios, especialmente en temas tan delicados como el divorcio. En este sentido, destacó que la reforma no representaba un retroceso, sino un avance en la simplificación de trámites respetando los derechos de todas las partes involucradas.
Finalmente, el congresista Víctor Hugo Lobo Rodríguez (MORENA) expresó su apoyo al dictamen y a las reservas, particularmente en lo que respecta a la eliminación del divorcio bilateral de las manos de los notarios, citando que la Constitución Federal establece que los actos del Estado civil son competencia exclusiva de las autoridades administrativas.
La reforma al Código Civil y las modificaciones aprobadas consolidan la intención de la Ciudad de México de seguir siendo un referente en la protección de los derechos civiles y familiares, garantizando transparencia, justicia y acceso equitativo a todos sus habitantes.
