CDMX a 19 de octubre de 2024. En una sesión marcada por la defensa de los derechos laborales y la exigencia de transparencia, el Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado contundente a Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, titular de la alcaldía Cuauhtémoc. La diputada María del Rosario Morales Ramos, representante de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, instó a que cualquier acusación de corrupción o extorsión sea realizada por vías institucionales y acompañada de pruebas, evitando así el estigma hacia los trabajadores.
La polémica surgió tras la difusión de un video por parte de la alcaldesa, donde se acusaba a miembros del Programa de Estabilidad Laboral, conocido como “nómina ocho”, de irregularidades, como el cobro sin trabajo y presiones para el pago de cuotas ilegales. Estas afirmaciones han causado un impacto negativo entre los empleados del área de limpia, quienes recientemente protestaron debido a retrasos en el pago de su quincena.
La diputada Morales Ramos enfatizó que el salario es un derecho fundamental y una herramienta de subsistencia que no debe ser vulnerada por intereses personales o políticos. “La dignidad de los trabajadores no debe ser un tema de especulación”, afirmó, refiriéndose a los efectos perjudiciales de las acusaciones infundadas.
La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó la intención detrás de este exhorto, sugiriendo que podría estar orientado a desestimar la gestión actual de la alcaldesa, quien ha reportado irregularidades en los pagos. Sin embargo, tanto ella como otros legisladores, incluidas Miriam Saldaña Cháirez (PT) y Tania Nanette Larios Pérez (PRI), concordaron en la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores, así como en la importancia de basar las acusaciones en evidencias concretas.
El diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), concluyó que no hay justificación para la retención del salario y que la alcaldesa debe presentar las pruebas necesarias si se afirma que hay actos de corrupción dentro de su administración.
Este debate en el Congreso pone de manifiesto la importancia de actuar con responsabilidad y respeto hacia los trabajadores, así como de garantizar que las acusaciones se manejen por los canales adecuados. En un entorno donde la desinformación y las acusaciones infundadas pueden tener consecuencias devastadoras, se reafirma la necesidad de un enfoque basado en la transparencia y la justicia laboral.
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