¿Cambio o retroceso? La reforma judicial bajo la lupa

Por Bruno Cortés Ramírez

Si algo ha quedado claro en los últimos meses es que la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encendido un debate profundo y polarizante en México. La propuesta busca transformar el sistema judicial mediante la elección popular de jueces y magistrados, rompiendo con la tradición de selección por méritos. Mientras algunos celebran esta reforma como una oportunidad para acercar la justicia a los ciudadanos, otros alertan sobre los riesgos de politización y control gubernamental. En el fondo de la discusión subyace una pregunta clave: ¿es esta reforma el principio de un sistema judicial más democrático o una amenaza a la independencia de los jueces?

¿Cómo se aplicará la reforma?

La reforma ya fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores y establece que los jueces, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán elegidos mediante voto popular. Además, elimina el sistema de selección por exámenes y méritos, lo que ha generado preocupación entre expertos y trabajadores del Poder Judicial, quienes advierten sobre la posibilidad de un retroceso en la calidad de la justicia. En este nuevo esquema, la independencia judicial parece tambalearse, pues los jueces podrían verse forzados a tomar decisiones basadas en intereses populares o partidistas para garantizar su reelección.

Los trabajadores del sistema judicial han sido algunos de los más férreos opositores a esta reforma. Desde que se conoció la iniciativa, han llevado a cabo protestas masivas y huelgas indefinidas, denunciando que se está poniendo en riesgo su autonomía y que la falta de estabilidad en sus condiciones laborales podría generar efectos negativos en el desempeño de la justicia. Jueces y magistrados argumentan que una justicia sujeta a las elecciones populares pierde su capacidad de actuar con imparcialidad y se vuelve vulnerable a la presión de grupos políticos.

Por otro lado, la percepción del sistema judicial entre la ciudadanía no es favorable. Muchos mexicanos consideran que la justicia en el país ha sido históricamente ineficaz y corrupta, lo que ha alimentado la desconfianza hacia las instituciones judiciales. La idea de que los ciudadanos puedan elegir directamente a los jueces ha sido recibida con entusiasmo por algunos sectores, al considerarla una forma de exigir mayor rendición de cuentas. Sin embargo, también existe temor de que las elecciones judiciales abran la puerta a la manipulación política y a la injerencia del crimen organizado en algunas regiones del país.

Impacto internacional: ¿una piedra en el camino del T-MEC?

A nivel internacional, la reforma judicial mexicana ha generado preocupación. Gobiernos y organizaciones internacionales han advertido que la incertidumbre legal derivada de este cambio podría afectar las inversiones extranjeras, especialmente aquellas provenientes de Estados Unidos y Canadá. Estas inquietudes se han hecho más evidentes en el contexto del T-MEC, el acuerdo comercial que une a México con ambos países, ya que un sistema judicial politizado podría dificultar el cumplimiento de los acuerdos pactados y desincentivar futuras inversiones. La embajada estadounidense en México ha sido clara al señalar que un Poder Judicial que no sea independiente podría facilitar la corrupción y comprometer la lucha contra el crimen organizado.

Los críticos de la reforma argumentan que la elección popular de jueces podría convertir al Poder Judicial en una herramienta al servicio del poder político en turno. La propuesta incluye además la creación de un Tribunal de Disciplina, encargado de supervisar y sancionar a jueces y magistrados. Si bien se presenta como un mecanismo de control, los detractores temen que este tribunal se convierta en un espacio para censurar decisiones que no coincidan con los intereses del gobierno. Esta medida, advierten, podría tener un efecto paralizante en los jueces, llevándolos a tomar decisiones más conservadoras para evitar represalias.

El impacto económico de la reforma tampoco debe subestimarse. La posibilidad de remover a todos los jueces actuales y reemplazarlos por candidatos elegidos popularmente generaría un vacío legal que podría paralizar el sistema judicial durante meses. Esto afectaría no solo a los procesos en curso, sino también a la confianza de los ciudadanos y de las empresas en la estabilidad del sistema. Empresas extranjeras, especialmente en los sectores automotriz y energético, ya han manifestado su preocupación por la falta de certezas jurídicas. La incertidumbre sobre cómo funcionará el sistema judicial bajo este nuevo modelo podría llevar a que muchas empresas reconsideren sus inversiones en el país.

La comunidad internacional no ha sido indiferente ante esta reforma. Organismos como Human Rights Watch han advertido que la independencia judicial es un pilar fundamental de la democracia, y que cualquier intento por debilitarla podría tener consecuencias negativas en los derechos humanos y en el acceso a la justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al gobierno mexicano reconsiderar la reforma y abrir un proceso de diálogo amplio e incluyente que permita encontrar soluciones sin comprometer la imparcialidad del Poder Judicial.

En conclusión, la reforma judicial en México representa uno de los mayores desafíos para la democracia y la estabilidad institucional del país en los últimos años. Si bien democratizar la justicia es una aspiración legítima, hacerlo sin garantizar la independencia de los jueces podría tener efectos devastadores en la confianza pública y en la economía. México se encuentra en un punto de inflexión: elegir entre consolidar un sistema de justicia autónomo o arriesgarse a convertirlo en un instrumento de control político. La decisión final determinará no solo el rumbo del sistema judicial, sino también la calidad de la democracia mexicana en las próximas décadas.