El pasado sábado, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció a través de sus redes sociales que el gobierno de Estados Unidos revocó su visa de turista, así como la de su esposo, Carlos Torres Torres, quien se desempeña como coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana.

En su comunicado, la mandataria expresó: «Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Lo digo con absoluta claridad: Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California».

Por su parte, Carlos Torres manifestó que su conciencia está tranquila y que espera resolver la situación por vías legales. Destacó que la aplicación de estos criterios administrativos se ha vuelto más frecuente y que este procedimiento no implica acusaciones, investigaciones ni señalamientos formales por parte de ninguna autoridad, en México o en Estados Unidos.

La bancada de diputados federales de Morena expresó su respaldo a la gobernadora, señalando que la medida del Departamento de Estado de Estados Unidos «no implica acusación, investigación o señalamiento alguno en su contra, ni en México ni en el extranjero. Se trata de un procedimiento común, sujeto a recursos legales que ya han sido iniciados por las partes afectadas».

En contraste, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprovechó la situación para criticar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señalando en redes sociales que «a los morenistas no les duelen los desaparecidos, ni los asesinatos, mucho menos el cobro de piso. Lo que de verdad les duele es que les quitan la visa y no poder ir de shopping a Estados Unidos».

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han proporcionado detalles sobre las razones específicas de la revocación de las visas, argumentando que los expedientes de visado son confidenciales según la ley estadounidense.

Expertos en migración señalan que las visas pueden ser revocadas por diversas razones, incluyendo cambios en el estatus del individuo, preocupaciones de seguridad, uso indebido de la visa, entre otros motivos administrativos.

La gobernadora Ávila ha reiterado su compromiso con la ciudadanía bajacaliforniana y ha asegurado que continuará trabajando incansablemente para atender los retos que enfrenta el estado, gobernando «con el corazón por delante» y con la «conciencia tranquila».

Este incidente ocurre en un contexto binacional complejo, dada la estrecha relación entre Baja California y el estado de California en Estados Unidos, lo que añade relevancia a la situación y sus posibles implicaciones en las relaciones bilaterales.