La consultora financiera Altor, fundada en 2017 por Fernando Aportela Rodríguez, exsubsecretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto, consolidó su presencia en la administración pública bajo el sexenio de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con una investigación realizada por EL CEO, la firma ha obtenido más de 30 contratos públicos en la actual administración, muchos ligados a proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre sus principales adjudicaciones destacan la asesoría financiera para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, ambos bajo la gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Estas operaciones han representado ingresos superiores a los 40.2 millones de pesos para la consultora.

Pese a su éxito, Altor no ha estado exenta de señalamientos. En 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la sancionó. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la identificó como un contribuyente incumplido ante el SAT, lo que no ha impedido su contratación por parte del gobierno federal y estatales.

En el sector financiero, Altor ha expandido su influencia. En 2024, inauguró su propia casa de bolsa con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), captando 2 mil 500 millones de pesos a través un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) para proyectos de infraestructura gubernamental.

La firma también ha participado en la reestructuración de deuda de ocho estados, incluyendo Jalisco, Oaxaca y Nuevo León, por lo que ha recibido pagos superiores a 134.8 millones de pesos. Solo en Jalisco, su asesoría costó 78.9 millones de pesos, mientras que en Oaxaca obtuvo 3.4 millones por la gestión de créditos de corto plazo.

Altor ha incursionado además en la adquisición de empresas en crisis. En 2023, se convirtió en acreedora mayoritaria del Ingenio Puga y la empresa Copaco, en Nayarit, comprando deudas por cinco millones de dólares. Esta operación ha sido cuestionada por otros acreedores, como Sucroliq, quienes acusan a la firma de buscar ejecutar garantías para tomar control de las compañías.

El caso del Ingenio Puga sigue en litigio, a la espera de una resolución judicial sobre la validez del convenio concursal que podría consolidar la posición de Altor. Mientras tanto, la firma sigue ampliando su presencia en la administración pública y en el mercado financiero.

Con un modelo similar al que en su momento desarrollaron firmas como Protego y Evercore, Altor lograron posicionarse como un actor clave en la economía del país, levantando cuestionamientos sobre la relación entre el poder político y los negocios en el actual gobierno.