Por Bruno Cortés

 

La diputada Kenia López Rabadán encendió las alarmas en el Congreso al advertir que las recientes reformas al juicio de amparo no fortalecen la justicia, sino que la debilitan. Según la legisladora panista, los cambios aprobados por la mayoría son regresivos, porque dificultan que los ciudadanos puedan interponer un amparo, limitan la posibilidad de suspender actos de autoridad que vulneren derechos y, peor aún, violan la Constitución al aplicarse de forma retroactiva.

Con tono firme, López Rabadán —quien además preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados— explicó que, aunque como presidenta garantizó un debate plural, votó en contra por convicción. “No comparto el argumento de que, por ser una ley procesal, puede aplicarse retroactivamente. La Constitución es clarísima: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, subrayó, citando el artículo 14.

En una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), lanzó un mensaje que se volvió viral: “Mientras dormías se aprobó reformar una figura de la cual los mexicanos nos encontramos especialmente orgullosos: el amparo.” Y remató: “Es, o era, un instrumento de exportación, adoptado incluso por otros países.”

La diputada recordó que el juicio de amparo nació en Yucatán en 1841, y desde entonces ha sido el escudo más importante de los ciudadanos frente a los abusos del poder. No es una figura técnica o lejana —dijo—, sino una herramienta cotidiana para defender derechos humanos cuando una autoridad actúa fuera de la ley.

Para ponerlo en claro: el amparo es ese recurso que cualquier persona puede usar cuando siente que el gobierno le ha pisado un derecho. Gracias a él, miles de mexicanos han frenado abusos en temas tan sensibles como la libertad, la salud, la propiedad o la educación.

Pero, con las reformas aprobadas, el acceso a ese mecanismo será más difícil. Los jueces tendrán menos margen para suspender actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del caso, y quienes ya están en medio de un proceso podrían quedar en una especie de limbo jurídico.

López Rabadán advirtió que esta modificación podría abrir la puerta a una ola de nuevos amparos… en contra de la propia reforma al amparo. Un efecto paradójico, pero posible, porque —como explicó— “ahí es donde entran los contrapesos”. Y será el Poder Judicial el que tenga la última palabra.

Para la legisladora, lo que está en juego no es solo un cambio técnico o un artículo más o menos en la ley: es el derecho de los mexicanos a defenderse del poder. “Pocas herramientas jurídicas han demostrado tanta vigencia y cercanía con la gente como el amparo”, recalcó.

En un país donde las instituciones aún luchan por ganarse la confianza de la ciudadanía, López Rabadán plantea una pregunta que suena más política que jurídica: ¿qué pasa con una democracia cuando su principal herramienta para proteger al ciudadano se debilita?