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En San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, lanzó un mensaje que va más allá del acto protocolario: si la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo parte de la vida cotidiana, el Estado no puede tratar el tema como secundario. Durante la inauguración del “Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, dejó claro que el Congreso tiene una responsabilidad directa en cómo se enfrenta este problema.
Dicho en términos simples: la Cámara de Diputados no solo debate, también decide las reglas y el dinero. Y cuando hablamos de violencia de género, esas dos cosas son clave. Las reglas son las leyes que tipifican delitos, establecen órdenes de protección y definen obligaciones para autoridades. El dinero es el presupuesto que permite que existan refugios, ministerios públicos capacitados, programas de prevención en escuelas y campañas para cambiar conductas.
López Rabadán insistió en que no se puede bajar la guardia ni en la ley ni en el Presupuesto. Porque una política pública sin recursos es solo un anuncio. Y un presupuesto sin vigilancia puede convertirse en gasto ineficiente. Por eso habló de la necesidad de contar con datos claros, indicadores confiables y diagnósticos serios que permitan medir qué funciona y qué no.
En el encuentro participaron legisladoras, especialistas y representantes internacionales, entre ellas la relatora de Naciones Unidas sobre violencia contra mujeres, Reem Alsalem. La intención, explicó la diputada, es que la experiencia técnica sirva para perfeccionar el trabajo legislativo. En política pública esto es básico: primero se entiende el problema con evidencia y luego se ajustan las soluciones.
También recordó que México ha avanzado en paridad de género. Hoy hay más mujeres ocupando cargos públicos que hace una década. Eso ha permitido que la agenda de igualdad tenga mayor espacio en el Congreso. Sin embargo, advirtió que el avance legal no significa que la violencia haya desaparecido. Las reformas existen, pero la realidad en muchas comunidades sigue siendo dura.
Otro punto central fue la prevención. La diputada subrayó que la violencia no aparece de forma espontánea; se construye a partir de desigualdades y estereotipos que se aprenden desde la infancia. Por eso, dijo, las políticas públicas deben incluir educación, trabajo con familias y estrategias dirigidas también a hombres y niños. No se trata solo de castigar, sino de evitar que la violencia ocurra.
En términos legislativos, el mensaje es claro: revisar leyes, cerrar vacíos, fortalecer instituciones y garantizar que el dinero público llegue a donde debe llegar. La Cámara, aseguró, asume un papel activo en la agenda de derechos humanos y en la obligación de traducir diagnósticos en reformas concretas.
Al final, la discusión no es ideológica sino práctica: cómo lograr que niñas y mujeres vivan seguras. Y en esa tarea, el Congreso tiene una herramienta poderosa: la ley y el presupuesto. Lo que siga dependerá de que esas herramientas se usen con coherencia y constancia.
