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En el Congreso mexicano se abrió una discusión que toca uno de los problemas más dolorosos del país: el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, respaldó el avance de un dictamen que endurece las penas contra quienes integren a niñas, niños y adolescentes a las filas del narcotráfico.
Hoy, el artículo 201 del Código Penal Federal establece castigos de 7 a 12 años de prisión. La reforma propone elevar la sanción hasta 20 años. En términos prácticos, significa aumentar el costo legal para quienes “roban la infancia”, como lo describió la legisladora.
El dictamen, construido a partir de iniciativas de distintos partidos y una propuesta propia, recibirá primera lectura y después será discutido y votado en el pleno. El mensaje político es claro: frente al avance del crimen organizado en comunidades vulnerables, el Congreso busca responder con penas más severas y reforzar la protección de menores.
Pero el debate no se quedó ahí. López Rabadán también habló sobre la reforma electoral que se discute en el ambiente político. Señaló que están a la espera del documento formal y subrayó que cualquier modificación debe construirse con participación de todas las fuerzas parlamentarias.
Desde su óptica, hay dos temas de fondo que no pueden ignorarse: evitar que el crimen organizado intervenga en campañas y procesos electorales, y garantizar que los programas sociales no se utilicen para presionar el voto. Es decir, blindar la democracia tanto del dinero ilícito como del uso político de los apoyos públicos.
La legisladora insistió en que los programas sociales no pertenecen a ningún partido, sino que se financian con recursos públicos, es decir, con los impuestos de los ciudadanos. Por eso, sostuvo, nadie debería temer perder un beneficio por no respaldar a determinada fuerza política.
Además, anunció que la Cámara realizará una sesión solemne por el Día Internacional de la Mujer. Más que un acto protocolario, dijo, debe ser un espacio para hablar de pendientes reales: igualdad salarial, seguridad para las mujeres y atención a quienes buscan justicia o tratamientos médicos.
En un contexto donde la violencia y la competencia electoral marcan la agenda, el Congreso se mueve entre reformas penales, ajustes institucionales y debates sobre equidad. La discusión sobre el reclutamiento infantil pone sobre la mesa un punto central: cómo usar la ley como herramienta para proteger a los más vulnerables y fortalecer el Estado de derecho.
