CDMX a 10 de mayo, 2025.-  El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) concluyó oficialmente sus funciones este viernes, al concretarse el proceso de entrega-recepción con la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.

Esta transición marca un cambio profundo en el manejo de la transparencia y la protección de datos personales en México. A partir de ahora, será esta nueva dependencia la encargada de garantizar el acceso a la información pública, así como de vigilar el uso adecuado de datos personales por parte de autoridades, empresas e instituciones.

En el acto protocolario, los comisionados salientes —Norma Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra, Josefina Román y el expresidente del INAI, Adrián Alcalá— firmaron las actas correspondientes que sellan el cierre definitivo de este organismo autónomo.

Raquel Buenrostro aseguró que esta entrega se realizó “de forma ordenada, legal y transparente”, y reconoció la labor de todo el personal del INAI, destacando su compromiso institucional.

“La transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales no van a desaparecer. Al contrario, deben fortalecerse y ser más cercanas a la ciudadanía”, señaló la funcionaria.

¿Qué cambia con esta reestructura?

Aunque el gobierno asegura que se conservarán las funciones esenciales, diversos sectores han expresado preocupación por la pérdida de autonomía. Recordemos que el INAI era un órgano independiente que servía como contrapeso para vigilar al poder público y garantizar la rendición de cuentas.

Ahora, esas responsabilidades quedan bajo una Secretaría de Estado adscrita al Poder Ejecutivo, lo cual ha generado debate sobre la imparcialidad y efectividad con la que se dará continuidad a los derechos ciudadanos en materia de transparencia.

¿Qué hará la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno?

Esta nueva dependencia no solo se encargará de proteger datos personales y garantizar el acceso a la información, también tendrá como misión:

• Investigar y prevenir actos de corrupción en todas las áreas del gobierno federal
• Implementar políticas de integridad institucional
• Coordinar esfuerzos para un «buen gobierno» que rinda cuentas a la ciudadanía

Este cambio forma parte de un proceso más amplio impulsado por el gobierno actual para reconfigurar organismos autónomos y centralizar funciones bajo nuevas estructuras.

El impacto de esta decisión apenas comienza a vislumbrarse. La clave estará en cómo se implementan estas funciones sin que se vea comprometido el derecho de los ciudadanos a la información pública y a la privacidad.