Campeche a 22 de octubre, 2025.- La gobernadora de Layda Sansores destinó en 2024 un total de 14 millones 153 mil 724 pesos en viáticos para transporte, hospedaje y alimentos. Esa cifra equivale a un gasto diario promedio de 38 mil 777 pesos, según datos obtenidos por medio de solicitudes de transparencia.

Lo llamativo: dicho monto supera con creces el presupuesto asignado ese mismo año a la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Campeche, que apenas recibió 2 millones 841 mil 751 pesos para atender desapariciones.

Aunque Sansores ha defendido públicamente el discurso de austeridad asociado al proyecto de la Morena, esta disparidad entre gastos de representación y recursos para víctimas abre una brecha difícil de ignorar.

En lo que va de 2025, de enero a octubre, se han registrado 36 desapariciones en el estado de Campeche, cifra que duplica la del mismo periodo en 2024. La prioridad del gobierno sobre los desplazamientos, viajes y hospedajes se vuelve aún más cuestionable ante este panorama.

En agosto pasado, la gobernadora fue objeto de críticas por su viaje a Ámsterdam en ocasión de su cumpleaños. En defensa, ella afirmó: “Cuando se cumplen tantos años y se es tan feliz, hay que festejarlo con los que amas y buscarlos en el lugar del mundo en que se encuentren; digan lo que digan los demás”.

Pero el tema no queda ahí. Las polémicas de la administración de Sansores se suman a otros frentes complejos:

• En materia de libertad de prensa, una jueza local dictó en julio de 2025 medidas que prohíben al diario Tribuna Campeche y al periodista Jorge Luis González Valdez referirse a la gobernadora, e incluso designó un interventor que debe revisar previamente sus publicaciones.
• En el plano político, Sansores expropió terrenos vinculados al dirigente del Alejandro ‘Alito’ Moreno (dirigente nacional del PRI) —propiedades que suman ocho hectáreas en zona residencial de Campeche— para construir la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Moreno lo calificó de persecución política; la mandataria lo presentó como un acto de justicia contra bienes adquiridos con “tufo de corrupción”.
• En ese mismo caso, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se investiga si los terrenos expropiados fueron adquiridos mediante lavado de dinero.

Estos datos y conflictos reflejan más que un simple desequilibrio presupuestal: apuntan a una transformación de prioridades, percepción de poder y sensibilidad frente a grandes urgencias sociales.

La impresión pública puede resumirse así: mientras los gastos de representación crecen, los recursos para resolver desapariciones se mantienen en mínimos; mientras se anuncian medidas contra la corrupción y bienes de opositores, los cuestionamientos sobre transparencia y derechos fundamentales se intensifican.

Ahora queda ver si esta agenda —entre viajes, expropiaciones y controversias mediáticas— responde realmente a un proyecto de cambio o se convierte en una novela cotidiana de contradicciones políticas.