Aunque enfrentan un proceso legal en Jalisco por presunta apología del delito, la agrupación de música regional mexicana Los Alegres del Barranco no ha detenido su agenda de conciertos. El caso ha reavivado el debate sobre los narcocorridos, la libertad de expresión en la música y los límites del arte en contextos de violencia.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que los cuatro integrantes de la banda fueron vinculados a proceso el pasado lunes 12 de mayo, luego de una presentación en Zapopan, el 29 de marzo, en la que interpretaron un corrido que mencionaba al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho».

A pesar del proceso en su contra, un juez les permitirá seguir ofreciendo conciertos en otros estados, siempre que soliciten autorización previa para cada salida de Jalisco. Además, deberán firmar semanalmente ante el juzgado y pagar una garantía económica de 300 mil pesos por persona, sumando 1.8 millones de pesos en total, incluyendo al promotor y representante.

Una polémica que no es nueva

No es la primera vez que la Fiscalía de Jalisco actúa contra artistas por contenido considerado como apología del delito. En 2016 y 2018 ya se habían iniciado procesos contra músicos, incluido un rapero involucrado en la desaparición de estudiantes de cine. Ahora, Los Alegres del Barranco se enfrentan a cuatro carpetas de investigación abiertas, y los alcaldes de Tequila y Cihuatlán han sido llamados a declarar por presentaciones recientes de la banda en sus municipios.

⚖️ ¿Censura o regulación?

Ramona Rodríguez, abogada de la agrupación, afirmó en entrevista con Radio Fórmula que su equipo legal ya trabaja en una estrategia para defender el derecho del grupo a continuar cantando lo que su audiencia les pide.

“No se está alabando el delito ni incitando a cometerlo. La música no es un crimen. Lo que hacen es contar historias, como lo ha hecho la música popular por décadas”, explicó la abogada.

Rodríguez también enfatizó que la libertad de expresión debe prevalecer en el ámbito artístico y que el contenido de las canciones no causa daños tangibles, por lo que buscarán que los músicos puedan seguir con sus presentaciones sin restricciones.

Este caso reaviva la discusión sobre los límites del arte, la función de los corridos como reflejo social y si cantar sobre el crimen equivale a promoverlo. Mientras tanto, la banda continuará su gira fuera de Jalisco, defendiendo su derecho a cantar lo que el público quiere oír, en medio de un clima donde la línea entre libertad artística y regulación legal se vuelve cada vez más delgada.