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El Estado mexicano vuelve a ser señalado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta vez, el caso de Lilia Alejandra García Andrade, desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez en 2001, será sometido a juicio el próximo 26 de marzo, casi 24 años después de su muerte.
La audiencia marca la segunda ocasión en que México enfrenta un proceso en la CIDH por feminicidios y desapariciones de mujeres. El primer caso fue el de Campo Algodonero, que concluyó en 2009 con una sentencia histórica contra el Estado mexicano por su negligencia en la investigación de los asesinatos de tres mujeres en Juárez.
Lilia Alejandra desapareció el 14 de febrero de 2001 y su cuerpo fue hallado una semana después con señales de tortura y violencia sexual. Su asesinato se vinculó con al menos cuatro feminicidios más ocurridos entre 1995 y 2005 en la misma ciudad.
La hipótesis de la defensa es contundente: un grupo de hombres operó durante una década en Ciudad Juárez, secuestrando, torturando y asesinando a niñas y jóvenes con total impunidad.
Según David Peña, coordinador jurídico del Grupo de Acción A.C., uno de los agresores identificados por perfil genético estaría relacionado con todos los homicidios, lo que confirma un patrón de violencia sistemática.
A pesar de la detención de un sospechoso, no hay pruebas contundentes que lo vinculen con el feminicidio de Lilia Alejandra. La falta de investigaciones profundas, la fabricación de culpables y la complicidad de autoridades han permitido que los verdaderos responsables sigan libres.
“Se repiten los mismos patrones de impunidad, violencia y fallas en la investigación”, advierte Peña.
Su madre, Norma Andrade, ha luchado incansablemente por justicia, desde la fundación de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa hasta la presentación del caso ante la CIDH en 2002.
“Yo le prometí a Alejandra y a sus hijos que no voy a descansar hasta que sus agresores estén en la cárcel”, asegura Norma.»
¿Qué podría cambiar con la audiencia en la CIDH?
De acuerdo con Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción A.C., la audiencia busca que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y que los responsables enfrenten la justicia.
La CIDH ya ha dictado medidas para que México refuerce la protección de las mujeres y la investigación de feminicidios, pero los números son alarmantes: en los últimos 16 años, los asesinatos de mujeres en el país pasaron de seis a 11 por día.
Este juicio podría obligar al gobierno mexicano a mejorar sus políticas de prevención, protección y sanción de la violencia de género, además de establecer un mecanismo de investigación para el caso de Lilia Alejandra y una política de apoyo a los hijos de víctimas de feminicidio.
Aunque la sentencia final tardará meses en emitirse, esta audiencia representa una nueva oportunidad para exigir justicia y visibilizar el grave problema de violencia contra las mujeres en México.
