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José Luis Moyá Moyá lleva 157 días en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur tras ser detenido el 18 de octubre de 2024 por su probable vinculación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), bajo la dirección de Ernestina Godoy, comenzó a investigar al presunto extorsionador en marzo de 2023, en respuesta a varias acusaciones que pesaban sobre él, entre ellas, la extorsión. Durante la investigación, salió a la luz un video difundido en redes sociales que, aún disponible en YouTube, arroja serias dudas sobre las operaciones financieras de la familia Moyá.
En el video se documentan movimientos sospechosos de grandes sumas de dinero, particularmente de Rosa María Moyá, madre de José Luis, quien, a pesar de no contar con una actividad empresarial conocida, habría transferido millonarias cantidades.
Según el material, en 2020, la señora Moyá podría haber gastado más de 11 millones de pesos. El origen de estos recursos es incierto, ya que su única actividad económica registrada era el trabajo doméstico.
Una de las transacciones destacadas es la de 5 millones 248 mil 957 pesos, transferidos entre 2019 y 2021 a Luis Ceferino Macías Noguera, supuesto yerno de Rosa María. Estos movimientos no contaban con una justificación clara, lo que generó más sospechas sobre la procedencia de los fondos.
A lo largo de los últimos 15 años, Moyá Moyá se presentó como un experto en transparencia y combate a la corrupción, destacándose por su trabajo en la solicitud de información pública y recursos de revisión. Sin embargo, se reveló que habría utilizado esa información para lucrar o extorsionar, sacando provecho personal de la transparencia gubernamental.
En 2006, Isabel Miranda Wallace, activista de la asociación Alto al Secuestro, denunció públicamente a José Luis Moyá por extorsión y difamación. Según la activista, Moyá le habría solicitado dinero a cambio de no dañar su reputación. En una reciente entrevista, Miranda Wallace dejó claro que no fue la única víctima de sus prácticas.
Fuentes cercanas al caso señalan que Moyá Moyá utilizaba diversas tácticas para obtener beneficios ilícitos, entre ellas, incorporarse a las nóminas de instituciones bajo identidades falsas, una estrategia que él mismo ha reconocido en diversas ocasiones.
En 2014, durante una comparecencia ante senadores, Moyá Moyá reveló que en ocasiones recibía pagos irregulares por parte de funcionarios, con el objetivo de evitar actos de corrupción. En esa ocasión, también relató que su método para detectar irregularidades consistía en obtener información sobre licitaciones gubernamentales y luego denunciar presuntos actos de corrupción.
El caso llegó a los tribunales cuando, con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la FGJCDMX logró vincular a proceso a Moyá Moyá. En la audiencia de cumplimiento de la orden de aprehensión, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que garantiza que permanecerá detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
Además, se ordenó la inmovilización de sus cuentas bancarias como parte de las medidas cautelares.
