La elección de jueces 2025, congelada por el INE: descubre las causas

CDMX a 8 de noviembre, 2024.- La elección de jueces, magistrados y ministros, programada para junio de 2025, se encuentra actualmente en un limbo. Aunque el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han dado señales que podrían interpretarse como luz verde para proceder, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido mantener la organización de estos comicios en pausa. ¿La razón? Suspensiones y juicios de amparo que siguen vigentes y que implican posibles violaciones a derechos humanos.

 

En una entrevista con Mario González para Stereo Cien, la consejera del INE, Claudia Zavala, explicó los factores que obligan al instituto a frenar el proceso. Zavala señaló que, a pesar de la decisión del Tribunal Electoral y la reciente postura de la SCJN sobre la reforma judicial, existen amparos promovidos por jueces de distrito que plantean violaciones a derechos laborales y humanos. Estas suspensiones legales no fueron abarcadas en la resolución del Tribunal Electoral y mantienen su vigencia, lo que complica la ruta del INE para organizar las elecciones.

 

Zavala subrayó la importancia de que el INE actúe con prudencia, señalando que el instituto no tiene autoridad para juzgar si los amparos son válidos o no, y que depende de que la Suprema Corte, como máxima instancia judicial, clarifique la situación. “No podemos adelantar ningún paso hasta que la Corte nos ofrezca una resolución definitiva”, comentó.

 

El INE también enfrenta otros desafíos, como la falta de una comisión organizadora y la definición del presupuesto, lo cual añade otra capa de complejidad a la situación. Zavala mencionó que los consejeros del INE discutirán si deben presentar el caso ante la SCJN para obtener certeza sobre cómo proceder, pero aclaró que su opinión personal es que acudir a la Corte sería una medida prudente.

 

Este escenario no solo afecta el proceso de elección de jueces y magistrados, sino que también plantea preguntas sobre la estabilidad y claridad en la reforma judicial, así como sobre el papel de los distintos tribunales en la defensa de los derechos humanos.

 

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