
CDMX a 23 de junio, 2025.- Una nueva iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso ha desatado polémica por el alcance que busca darle a la Guardia Nacional (GN). La propuesta de ley plantea redefinir las facultades de esta corporación, ahora bajo control militar, con poderes ampliados que incluyen desde operaciones encubiertas hasta el acceso a datos personales en tiempo real.
El proyecto legislativo —que se discutirá en el periodo ordinario iniciado el 23 de junio— busca “armonizar” la legislación secundaria tras la reforma constitucional de 2024, que formalizó el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Pero detrás de ese término técnico, hay una serie de cambios que preocupan a organizaciones civiles y partidos de oposición.
¿Qué incluye la nueva ley?
Entre los puntos más controvertidos de la propuesta destacan los siguientes:
Espionaje legalizado
La GN podrá solicitar, con autorización judicial, información en tiempo real a empresas de telecomunicaciones, como la ubicación de teléfonos móviles y otros datos sensibles de usuarios.
Operaciones encubiertas
La iniciativa autoriza a la Guardia Nacional a realizar operaciones secretas y a usar identidades falsas para tareas de investigación preventiva. Esta figura ya había sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte, pero ahora se busca reincorporarla por vía legal.
Militares en tareas civiles
Aunque nació como un cuerpo civil, la nueva GN será conformada principalmente por personal militar, aunque se integrarán civiles en áreas administrativas o técnicas. El comandante en jefe será un general de división, propuesto por el titular de Sedena y nombrado por la presidenta.
Verificación migratoria
También se contempla que la GN colabore con el Instituto Nacional de Migración (INM) en la revisión de documentos migratorios de personas extranjeras, lo cual podría abrir la puerta a detenciones arbitrarias, según han advertido organizaciones de derechos humanos.
Investigación de delitos
La corporación obtendría la facultad de investigar delitos directamente, bajo supervisión del Ministerio Público, lo que extiende aún más su margen de acción y refuerza su papel como fuerza de seguridad e inteligencia.
Oposición en alerta
Legisladores de oposición y activistas advierten que esta reforma institucionaliza la vigilancia en tiempo real y representa un retroceso autoritario.
“El nuevo diseño de la Guardia Nacional consolida un modelo de seguridad opaco, regresivo y potencialmente violatorio de derechos humanos. Están legalizando el espionaje”, denunció el diputado José Elías Lixa, del PAN.
Además, se cuestiona que la iniciativa incluya figuras que la Corte ya había invalidado, como las operaciones encubiertas sin controles suficientes, lo que podría abrir la puerta a abusos.
¿Por qué importa?
Esta reforma pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la militarización de la seguridad pública en México. Aunque el gobierno defiende la medida como un paso para profesionalizar a la GN, críticos aseguran que la concentración de poder en manos del Ejército puede generar opacidad, falta de controles y violaciones a derechos humanos.
Organismos nacionales e internacionales han advertido en años recientes que el uso del Ejército en tareas civiles debe ser temporal y con supervisión civil, algo que esta reforma parece dejar de lado.