Por Bruno Cortés

En política mexicana, a veces lo que empieza como «innovación democrática» termina oliendo más a tamal recalentado que a reforma de vanguardia. El flamante modelo mexicano para elegir jueces y ministros —a través del voto popular, ni más ni menos— acaba de recibir un duro examen internacional. La Misión de Observación Electoral de la OEA, encabezada por Heraldo Muñoz, calificó el proceso del 1 de junio como “sumamente complejo y polarizante”, señalando un preocupante 13 % de participación y más confusión que en una piñata sin palo.

El informe preliminar de la OEA no se anda con rodeos: las boletas técnicas ininteligibles, los “acordeones” con listas prearmadas y la superposición de elecciones dejaron a buena parte del electorado más perdido que turista en Tepito. Sin embargo, el reporte también reconoció lo que sí funcionó: se garantizó la paridad de género, se aplicó el protocolo “ocho de ocho contra la violencia” y el INE —con recursos más flacos que un becario en quincena— sacó adelante la jornada electoral con dignidad.

Uno de los puntos más críticos fue la elección de nueve ministros de la Suprema Corte mediante sufragio directo, un modelo sin precedentes en el mundo. Aunque seis de los nueve fueron propuestos por el Ejecutivo —lo que para algunos huele a control político—, el proceso abre un debate serio: ¿puede el voto popular garantizar transparencia e independencia judicial o solo profundiza el clientelismo y el sesgo político?

Con tono diplomático pero firme, la OEA subrayó que cualquier reforma judicial debe ser gradual, técnica y plural, no una ocurrencia de madrugada aprobada al vapor. En otras palabras: México no debería exportar este modelo, al menos no todavía. «No recomendamos replicarlo en otros países», se lee en el informe. Traducido: que otros aprendan de nuestros errores antes de copiar el show.

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no se hizo esperar. Con un nacionalismo más robusto que un chicharrón de las carnitas, descalificó el informe y acusó a la OEA de exceder su mandato al opinar sobre cómo elegir jueces. Según la mandataria, la elección cumplió con las leyes y refleja la soberanía popular. Dicho en buen chilango: “nadie nos dice cómo barrer nuestra casa”.

Por si el regaño presidencial no bastara, la SRE envió una nota diplomática al secretario general de la OEA exigiendo respeto a la soberanía mexicana y recordando que la observación internacional no equivale a tutelaje. En suma: “gracias por su reporte, pero aquí mandamos nosotros”.

No todo fue confrontación. La OEA también destacó aspectos positivos: la tranquilidad en las urnas, el compromiso del personal electoral —que trabajó en condiciones adversas— y el esfuerzo institucional por mantener el orden en un contexto de alta polarización. Pese a las tensiones, México sigue demostrando que sus procesos democráticos pueden resistir tempestades.

Al cierre, el informe dejó claro que la elección judicial mexicana es un experimento que apenas empieza, con lecciones valiosas pero también con riesgos enormes. El debate está servido: ¿queremos un Poder Judicial más abierto o más vulnerable? Mientras tanto, la OEA nos recuerda —con elegancia diplomática— que la democracia no se improvisa, ni siquiera cuando el Ejecutivo va por todo.