La Jabalinada por Bruno Cortés

En México no tenemos un “Gran Hermano” que lo vea todo, pero estamos a un clic de tener un gobierno que pueda apagar todo. No es ciencia ficción. Es legislación.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión —que avanza con velocidad de algoritmo en el Senado— no instala cámaras en nuestros hogares ni ordena que apaguemos la televisión para evitar ideas subversivas. No, eso sería demasiado evidente. Lo que hace es más sutil y por lo tanto, más peligroso: construye un marco legal para que el Estado decida, sin mayor debate público ni autorización judicial, qué plataformas digitales pueden existir, qué contenidos pueden circular y cuáles no.

Es decir, una censura sin necesidad de censores. Una especie de autocensura algorítmica inducida por miedo a las multas. ¿Facebook quiere operar en México? Que no le falle al nuevo regulador. ¿TikTok quiere seguir siendo popular? Que borre rápido cualquier video que incomode al régimen. ¿Tú quieres que tu publicación sobre protestas, feminicidios o corrupción no desaparezca misteriosamente? Buena suerte con eso.

El Artículo 109 de la reforma es el corazón orwelliano del asunto. Otorga a la flamante Agencia de Transformación Digital —dependiente del Ejecutivo— la facultad de bloquear plataformas digitales completas si “alguna autoridad competente” lo solicita. No hace falta un juez. Basta con que un burócrata tenga una interpretación creativa de la ley. Es como si en una democracia alguien pensara: ¿Y si apagamos Internet solo en los lugares donde la gente está enojada?

Claro, el gobierno asegura que no hay intención de censurar. La presidenta Sheinbaum lo ha dicho: no se va a cerrar Facebook ni se va a callar a nadie. Pero las leyes no se evalúan por lo que prometen, sino por lo que permiten. Y esta, permite demasiado.

Los riesgos no son hipotéticos. Son estructurales. Al desaparecer al IFT —organismo autónomo que regulaba telecomunicaciones con cierto margen de independencia— y entregar esas funciones a una agencia subordinada al Ejecutivo, se borra de un plumazo la división entre regulación técnica y poder político. Es como pedirle al árbitro que juegue de delantero… y además marque los goles.

Y no olvidemos la joya de la paranoia institucional: el nuevo registro de usuarios de telefonía móvil. Una base de datos nacional donde podrían concentrarse los datos de millones de personas bajo el argumento de “seguridad nacional”. ¿Alguien más sintió una vibración en el bolsillo cuando leyó eso? No, no fue el celular. Fue la Constitución temblando.

Podrá parecer exagerado decir que esta reforma es autoritaria. Pero si caminara como pato, graznara como pato y censurara como dictadura… tal vez no sea un colibrí democrático. El autoritarismo moderno no necesita botas militares. Basta con términos como “optimización digital” y “simplificación orgánica” para convertir a la vigilancia en una app.

México no tiene la infraestructura para monitorear millones de mensajes al estilo chino. No hay un Gran Cortafuegos ni una red nacional de censura automatizada. Pero la falta de tecnología hoy no impide el deseo político mañana. Y el marco legal que están construyendo allana el camino para que, llegado el momento, alguien diga: “Tenemos el botón. Solo hay que presionarlo.”

Mientras tanto, seguiremos tuiteando, publicando en Facebook y viendo TikToks de perritos. Pero con la duda persistente: ¿será este el último post que subo sin que lo borren? No por violar una norma de comunidad, sino por incomodar al poder.

Porque, al final, la libertad de expresión no se pierde con un portazo, sino con el silencio cómplice de quienes aceptan leyes como esta sin leer la letra chiquita. Y cuando queramos hablar, quizá ya sea tarde. O simplemente… no haya señal.