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El Congreso de la Ciudad de México fue escenario de un intenso debate durante el cierre del parlamento abierto sobre la iniciativa ciudadana para prohibir los espectáculos públicos y privados con animales. Este foro reunió a voces a favor y en contra de la tauromaquia, cuyas opiniones serán fundamentales para la dictaminación final de la propuesta.
La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, destacó la necesidad de obtener datos precisos sobre el impacto económico y las ganaderías involucradas en la práctica taurina en la capital. “Es esencial identificar en qué barrios y pueblos se mantiene esta tradición”, señaló, mientras subrayó la importancia de evaluar la normativa vigente que busca garantizar el bienestar animal.
Por su parte, la diputada Martha Ávila (MORENA) planteó la necesidad de regular el espectáculo taurino para que se realice sin causar lesiones a los toros, proponiendo un enfoque que equilibre las tradiciones con la ética animal.
El diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra (MORENA) trajo a colación las preocupaciones de comerciantes que indicaron una disminución en la afluencia de público en la Plaza de Toros México, sugiriendo que la creciente popularidad de eventos musicales podría ser un indicativo de un cambio en la preferencia del público.
Los opositores a la prohibición argumentaron que no se deberían eliminar elementos esenciales de la fiesta brava. Fabiola Murrieta, destacada figura taurina, expuso que la industria de la tauromaquia genera aproximadamente 6,900 millones de pesos y crea miles de empleos directos e indirectos, resaltando su impacto económico.
Mario Zulaica, gerente de la Plaza de Toros México, defendió la naturaleza de los toros, argumentando que su crianza está intrínsecamente ligada a la práctica taurina, la cual, según él, es necesaria para su bienestar.
El abogado Raúl Pérez Johnston enfatizó que, aunque se puede regular la tauromaquia, no debe ser prohibida, advirtiendo que la legislación debe distinguir entre el maltrato y las prácticas culturales. En una perspectiva crítica, Hania Concepción Sánchez Santiago, indígena purépecha y etnóloga, cuestionó la legitimidad de estas tradiciones, llamando a la sociedad a avanzar en la protección de los derechos fundamentales y dejar atrás prácticas que perpetúan la violencia.
Con estos diversos puntos de vista, el parlamento abierto concluye, dejando el camino abierto para una decisión crucial que podría definir el futuro de la tauromaquia en la Ciudad de México. La próxima dictaminación será un reflejo de las opiniones y argumentos presentados, en un contexto donde la ética y la tradición chocan en un debate que continúa resonando en la sociedad.
