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Una nueva solicitud ante la Fiscalía General de la República (FGR) busca que se retome la investigación contra Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con concesiones penitenciarias durante el sexenio de Felipe Calderón.
La petición se basa en el hecho de que, aunque un tribunal federal ya cerró el caso contra varios ex funcionarios por prescripción, el juicio contra Genaro García Luna —ex titular de la dependencia— sigue abierto. Montaño Fernández es señalado por su rol en la firma de contratos con sobreprecios millonarios y su posible relación con la red de complicidades que operó bajo García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.
De acuerdo con la denuncia, Montaño firmó en 2010 y 2011 contratos con empresas como ICA, Arendal, GIA, Prodemex, Homex y Tradeco. Dichos convenios alcanzaron un valor de casi 270 mil millones de pesos y permitieron el desarrollo de ocho centros penitenciarios con capacidad para 20 mil reclusos. Se estima que estos contratos generaron un sobrecosto superior a los 62 mil millones de pesos.
El documento también menciona a otros ex funcionarios vinculados con los contratos iniciales o con convenios modificatorios firmados durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. En total, se firmaron 76 acuerdos adicionales tras los contratos originales.
Entre quienes aparecen en la denuncia están Arturo Sosa Viderique, Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, Miguel Vital Hernández, Alma Delia Sánchez Ocampo, Raúl Gerardo Lemus Soto, María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales López.
Otros ex servidores públicos quedaron fuera del proceso legal tras una resolución definitiva. En ese grupo se encuentran los generales Sergio Alberto Martínez Castuera y Salvador Camacho Aguirre, además de Celina Oseguera Parra, Paulo Uribe Arriaga, Óscar Moreno Villatoro, Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro.
Los ciudadanos firmantes de la denuncia sostienen que aún podrían existir delitos vigentes por investigar. Su objetivo es evitar que el caso termine impune y establecer responsabilidades en una operación que, aseguran, tuvo consecuencias graves para el erario público. Al cierre de esta edición la FGR no ha ofrecido declaraciones sobre la petición.
