Por operar presuntamente un esquema de desvío de recursos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Javier Guerrero García, director de Operación y Evaluación ha sido formalmente denunciado. Fuentes cercanas revelaron que las denuncias fueron presentadas ante varias instancias, incluyendo la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Guerrero García, quien desde 2019 ha ocupado cargos de alto nivel en el IMSS, es señalado por haber utilizado eventos como las Asambleas Generales del Instituto para desviar fondos a través de empresas factureras. Según la denuncia, en las Asambleas 110 y 111 se habrían desviado más de 40 millones de pesos sin contratos que respalden las operaciones.
Empresas como Comercializadora y Distribuidora Terrani, Kitchen Space Solutions y Soluciones Profesionales Spira estarían vinculadas a estos esquemas. Además, varios funcionarios cercanos a Guerrero García, como Mauricio Zebadúa Santos y Miguel Ángel Alvarado Luna, habrían participado en el desvío de recursos. El escrito también menciona que parte del dinero desviado habría sido blanqueado mediante inversiones inmobiliarias en Querétaro.
La denuncia contra Guerrero García resalta el uso de estos recursos para la compra de bienes raíces a nombre de personas cercanas a él, lo que ha generado alarma entre las autoridades. Otros nombres mencionados en la adquisición de propiedades incluyen a Anabell Avendaño y Roberto Garza, quienes presuntamente participaron en las transacciones inmobiliarias.
Este caso toma relevancia, además, por su conexión con el asesinato de un dulcero en la colonia Roma en 2023, donde se dejaron amenazas dirigidas a funcionarios del IMSS, señalándolos por su participación en actos de corrupción. Esto ha incrementado las sospechas sobre la colusión de altos mandos en actividades ilícitas dentro del instituto.
Las denuncias exigen una investigación profunda de las irregularidades imputadas a Guerrero García y a los funcionarios implicados. Se demanda la apertura de un expediente para esclarecer los hechos y, de encontrarse culpabilidad, aplicar las sanciones correspondientes para erradicar la corrupción en el IMSS.