Por Bruno Cortés
El rescate bancario de 1995 y su costo real
En 1995, tras la crisis financiera conocida como “el efecto Tequila”, México enfrentó el colapso de su sistema bancario. Para rescatar los bancos y proteger los ahorros, el gobierno implementó el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro). Esta decisión convirtió las deudas privadas de la banca en deuda pública. El costo inicial del Fobaproa fue de aproximadamente 70 mil millones de dólares en 1995. Con la inflación acumulada del dólar (alrededor de 105% entre 1995 y 2025), ese monto equivaldría hoy a unos 145 mil millones de dólares. Es decir, el rescate bancario representó un golpe enorme a las finanzas públicas mexicanas.
El impacto económico del Fobaproa se ha extendido por décadas. La deuda del rescate fue transferida al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en 1998, convirtiéndose en un pesado lastre para el erario. Todavía en 2023 uno de cada 10 pesos de la deuda interna de México correspondía a los pasivos del Fobaproa. Hasta la fecha, el país ha pagado más de 2 billones de pesos en intereses y aún queda pendiente el pago de más de un billón del principal. En conjunto, el rescate ha consumido recursos equivalentes a cerca del 9% del PIB nacional. Estos datos ilustran cómo el Fobaproa se convirtió en uno de los mayores lastres económicos, con efectos de largo plazo en el presupuesto federal.
El Fobaproa no solo tuvo un costo financiero, sino también político y social. La revelación de este rescate generó enorme molestia en la población. Sectores de la sociedad civil lideraron protestas bajo el lema “No al Fobaproa”, pues consideraban inadmisible que las pérdidas privadas de banqueros se cargaran a todos los mexicanos. En defensa de la medida, las autoridades argumentaron que, de no haberse rescatado a los bancos, los ahorradores habrían perdido su dinero y la crisis económica se habría profundizado aún más. En retrospectiva, el Fobaproa estabilizó el sistema bancario y evitó una corrida masiva, pero a costa de endeudar al país por generaciones.
Endeudamiento récord en 2024-2025 bajo la 4T
Tres décadas después, México enfrenta otra bomba financiera, aunque de naturaleza distinta. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la deuda pública también creció drásticamente, especialmente en los últimos años. El presupuesto de 2024 incluyó un déficit histórico de aproximadamente 85 mil millones de dólares, destinado a financiar proyectos de infraestructura y programas sociales. Esta fue la mayor expansión de deuda anual en la historia reciente de México.
El gasto en programas sociales y en las obras emblemáticas del sexenio superó con creces los ingresos del gobierno. Para cubrir la diferencia, el gobierno endeudó al país en 85 mil millones de dólares en 2024. Lejos de reducirse, la tendencia continuó al iniciar el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien anunció que en 2025 México incurrirá en otros 75 mil millones de dólares de deuda pública. Sumando ambos años, el endeudamiento nuevo rondaría los 150 mil millones de dólares. En términos actuales, esta cifra ya supera el costo ajustado del Fobaproa.
El hecho de que un gobierno identificado con la izquierda, que en los 90 criticó ferozmente al Fobaproa, esté ahora acumulando una deuda semejante ha avivado el debate. Analistas señalan que López Obrador incrementó la deuda pública en niveles sin precedente. En total, durante su sexenio la deuda de México creció alrededor de 6.5 billones de pesos, un salto equivalente a 53% más que su antecesor. Esta tendencia continúa: se proyecta que, de seguir las políticas actuales, el gobierno de Sheinbaum podría sumar otros 9 billones de pesos a la deuda hacia 2030.
Comparativa de impactos: ¿cuál deuda es más perjudicial?
Tanto el Fobaproa como el endeudamiento de 2024-2025 han significado cargas enormes para la economía mexicana, pero sus contextos e implicaciones difieren. El Fobaproa ocurrió en medio de una crisis financiera aguda. Sus defensores argumentan que era la única opción para evitar una catástrofe: de no rescatarse a los bancos, millones de ahorradores habrían perdido sus depósitos y la recesión hubiera sido más profunda. En efecto, tras el Fobaproa el país logró estabilizar su sector financiero y retornar al crecimiento. No obstante, el costo social fue altísimo: la ciudadanía pagó durante décadas una deuda que se percibía como producto de la corrupción y de malas decisiones privadas.
Por otro lado, la deuda adquirida en 2024-2025 no responde a una crisis financiera inmediata, sino a decisiones de política fiscal expansiva. El gobierno optó por financiar sus programas y megaproyectos mediante déficit, a pesar de contar con una economía en crecimiento moderado. Esto implica que el endeudamiento reciente era, en cierto modo, evitable. Aunque las inversiones pueden tener justificaciones, financiarlas con deuda conlleva riesgos importantes. Las tasas de interés actuales son elevadas, lo que implica que servir esta nueva deuda será costoso para el país en los próximos años.
La comparación entre ambos eventos muestra que el Fobaproa representó un mayor impacto relativo al tamaño de la economía en su momento: sus 70 mil millones de dólares equivalían a casi el 18% del PIB de 1995. En cambio, los 150 mil millones de dólares de deuda nueva en 2024-2025 representan alrededor del 9% del PIB actual. Desde esa óptica, el Fobaproa fue más gravoso en su contexto. Sin embargo, en términos absolutos y de carga futura, la deuda reciente genera más preocupación: ha sido adquirida sin crisis inmediata y a un costo mayor en intereses. Además, su sostenibilidad está en duda.
Un nuevo parteaguas para las finanzas mexicanas
En conclusión, el Fobaproa de 1995 y la deuda de 2024-2025 representan dos hitos de endeudamiento en la historia reciente de México, comparables en tamaño, pero distintos en origen y consecuencias. El Fobaproa fue un remedio de emergencia que dejó cicatrices económicas y políticas. La deuda bajo AMLO y Sheinbaum, por su parte, es una carga autoimpuesta cuyo peso se sentirá en los años venideros. Si se considera el contexto, la ausencia de crisis en 2024 hace que este nuevo endeudamiento sea potencialmente más perjudicial, por haber sido una decisión política y no una necesidad económica.