Por Bruno Cortés
Recientemente, el Congreso mexicano se puso en movimiento con una reforma que promete cambiar la manera en que se eligen a los jueces, ministros y magistrados en el país. El Grupo Parlamentario de Morena anunció con entusiasmo la aprobación de una nueva ley que establece reglas claras para este proceso, buscando dar más voz a los ciudadanos en la elección de quienes impartirán justicia.
El diputado Alberto Maldonado Chavarín fue el primero en poner sobre la mesa que esta iniciativa no es solo un cambio legal; es un paso hacia un sistema más democrático y transparente. “El pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita”, afirmó con fuerza, recordando que serán los ciudadanos quienes decidan quiénes serán sus juzgadores. Es como si, por fin, los mexicanos tuvieran un asiento en la mesa de decisiones del Poder Judicial.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio también hizo eco de estas ideas, subrayando que las nuevas reglas aportan certeza y confianza en el sistema. “Estas reformas son clave para demostrar que sí es posible otro poder judicial y que sí es posible otra justicia”, dijo, enfatizando que la elección de 2025 será un momento crucial para demostrar que el cambio es posible.
El mensaje es claro: se busca que nadie esté por encima del pueblo. La diputada Elena Edith Segura Trejo destacó que por primera vez se están estableciendo normas que permitirán a los ciudadanos participar en la selección de sus autoridades, algo que nunca antes se había hecho de forma tan directa. “Hoy, el pueblo puede elegir a sus representantes”, afirmó con determinación, dejando en claro que no se puede excluir a la ciudadanía de este proceso.
El debate se ha encendido entre los legisladores, con algunos de la oposición criticando las propuestas. Sin embargo, José Carlos Acosta Ruiz defendió la nueva modalidad, comparándola con prácticas democráticas de la antigua Grecia. “No se está violando ningún derecho, al contrario, estamos avanzando”, recalcó, dejando claro que la resistencia al cambio solo evidencia el temor de perder privilegios.
Con más de 35 millones de votos respaldando esta transformación, como lo recordó Estela Carina Piceno Navarro, la reforma se presenta como un cumplimiento del Plan C. “El pueblo votó por la transformación, y este proceso es la respuesta a ese mandato”, afirmó. Para ella, dejar de lado esta reforma sería caer en un incumplimiento constitucional, un riesgo que no están dispuestos a correr.
Finalmente, la discusión sobre la autonomía del Poder Judicial también se abordó. Leonel Godoy Rangel argumentó que no se están violando normas, sino cumpliendo con lo que la gente ha pedido. “Estamos aquí para representar al pueblo, y es nuestro deber hacerlo”, concluyó.
Así que, en resumen, lo que se está gestando en el Congreso es una oportunidad para que los ciudadanos tomen un rol activo en la selección de sus juzgadores. Con un enfoque en la transparencia y la participación, esta reforma promete ser un capítulo significativo en la historia política y judicial de México. La pregunta que queda es: ¿están listos los mexicanos para ejercer este nuevo poder?