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Por Bruno Cortés
La discusión sobre la prisión preventiva oficiosa ha generado un fuerte debate en el Congreso de la Unión. Recientemente, las y los diputados del PRI expresaron su enérgico rechazo a esta medida, argumentando que va en contra de los derechos humanos y que no resuelve el problema de la inseguridad, sino que podría ser usada como una forma de control arbitrario sobre la población.
En un comunicado, la bancada priista, liderada por Rubén Moreira Valdez, aseguró que la prisión preventiva oficiosa es un mecanismo que no promueve la justicia, sino más bien una “falsa idea de justicia”. Según los legisladores del PRI, esta medida, que obliga a la detención de una persona mientras se investiga su caso, pone en peligro el principio de presunción de inocencia, un pilar fundamental del sistema de justicia mexicano.
Los diputados como Alejandro Domínguez, Graciela Ortiz y Arturo Yáñez Cuéllar, argumentaron que esta medida debería ser excepcional y solo aplicarse en casos realmente graves. A su juicio, se corre el riesgo de regresar a un sistema inquisitorio, donde basta con una acusación para que alguien sea encarcelado, sin importar si hay pruebas de su culpabilidad o no. Además, señalaron que, de aprobarse esta reforma, los más afectados serían los pobres, ya que son quienes menos recursos tienen para defenderse adecuadamente en un juicio. En este contexto, recordaron que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, advirtió que la prisión preventiva, en muchos casos, castiga la pobreza más que el delito mismo.
Los legisladores del PRI también cuestionaron la eficacia de la prisión preventiva. Según los datos que presentaron, solo tres de cada diez personas que son detenidas bajo esta medida son finalmente declaradas culpables, lo que deja claro, a su juicio, que no se está resolviendo el problema de la criminalidad. En lugar de reducir la delincuencia, argumentaron, lo que se está haciendo es llenar las cárceles de personas que posiblemente sean inocentes.
En un tono crítico, Alejandro Domínguez también subrayó que la reforma propuesta por el oficialismo no tiene como objetivo mejorar el sistema de justicia ni reducir la criminalidad, sino que, en cambio, promueve el hacinamiento en las prisiones y no obliga a las autoridades a ser más profesionales. Aseguró que esta reforma, lejos de profesionalizar al Ministerio Público, podría llevar a un aumento en la impunidad y la corrupción.
Por su parte, la diputada Graciela Ortiz fue contundente al afirmar que una justicia que prioriza el encarcelamiento masivo como respuesta a los delitos no es justicia, sino una política de control social. En sus palabras, el gobierno de la 4T está olvidando los valores fundamentales de los derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso que, por décadas, fueron defendidos por la izquierda en México.
Para los diputados priistas, esta reforma es solo un intento del gobierno de AMLO y sus aliados para centralizar el poder y aumentar el control sobre la sociedad. “La ruta del autoritarismo” está avanzando en el país, según lo expresó Arturo Yáñez, quien acusó a Morena, el PVEM y el PT de estar llevando a México por un camino dictatorial.
En resumen, la postura del PRI sobre la prisión preventiva oficiosa refleja una preocupación por la justicia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos. En su opinión, esta medida no solo es un retroceso para el sistema de justicia penal, sino también un reflejo de un proyecto político que busca más poder y control a costa de las garantías fundamentales de los mexicanos.
