Por Bruno Cortés
La política mexicana nunca deja de sorprendernos, y el último movimiento lo protagonizó Ricardo Mejía Berdeja, un diputado del Partido del Trabajo (PT). En un comunicado lleno de energía, lanzó un contundente llamado para iniciar un juicio político contra ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según Mejía, estos ministros han “violado cínicamente” la Constitución, anteponiendo sus intereses personales por encima de la ley.
La historia comienza con el artículo 110 de la Constitución, que establece las reglas para destituir a altos funcionarios por acciones que perjudican los intereses públicos. Mejía argumenta que los ministros, entre los que se encuentran figuras como Norma Lucía Piña y Jorge Mario Pardo, están actuando en contra de reformas constitucionales aprobadas recientemente por el Congreso, es decir, el poder legislativo que representa la voluntad del pueblo. El diputado asegura que estos «golpeadores» no solo desobedecen las leyes, sino que ponen en riesgo la democracia misma.
Según el diputado, la actitud de los ministros refleja un desprecio por el poder del pueblo, manifestado en las reformas que ya tienen validez legal. Mejía considera que el poder Judicial no debe contradecir las decisiones del poder Legislativo, ya que el poder constituyente es quien tiene la última palabra en las reformas. “El poder constituyente está por encima de los poderes constituidos”, afirmó con firmeza.
La acusación de Mejía va más allá de un simple desacuerdo. Calificó a la presidenta de la SCJN de “ministra golpista” por incitar a sus colegas a resistir las reformas. Para él, esto no es solo una violación a la Constitución, sino una traición a la voluntad de los ciudadanos que buscan un cambio. La preocupación del diputado radica en que los ministros temen perder los privilegios que han acumulado a lo largo de sus carreras, lo que, en su opinión, explica su resistencia a aceptar los cambios propuestos.
Esta situación plantea un escenario complicado en la política mexicana. Si se avanza en el juicio político, no solo se estarían poniendo en entredicho las decisiones de los ministros, sino también el equilibrio de poderes en el país. La población está a la expectativa, preguntándose cómo se desarrollarán estos acontecimientos y qué implicaciones tendrán para la justicia y el estado de derecho en México.