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Por Bruno Cortés
La diputada Dolores Padierna, del partido Morena, ha salido a dar su opinión sobre la resistencia del Poder Judicial en México y su papel en la reforma constitucional que está en discusión en la Cámara de Diputados. Según Padierna, este poder se aferra a sus intereses y a sus altos salarios, lo que, dice ella, podría generar una crisis al no respetar lo que el pueblo quiere. Pero, ¿qué significa esto realmente?
La reforma que está siendo analizada busca dejar claro que no se pueden impugnar cambios a la Constitución. En otras palabras, si se modifica la Carta Magna, no se pueden presentar juicios de amparo en su contra. Padierna explica que es fundamental que ninguna ley o acción del gobierno esté por encima de la Constitución, ya que esto garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado.
A lo largo de la historia, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que no puede revisar las normas que están en la Constitución. Por ejemplo, hubo reformas en el pasado que violaban derechos humanos, pero la Corte no las revisó porque, según su interpretación, no puede cuestionar la Constitución misma. Sin embargo, Padierna argumenta que ahora hay reformas que no atentan contra los derechos humanos ni la división de poderes, y aun así están siendo atacadas por un Poder Judicial que, según ella, es parcial y tiene conflictos de interés.
Cita ejemplos como la reforma indígena de Vicente Fox en 2001, donde se ignoró la opinión de las comunidades indígenas, y la reforma de Felipe Calderón en 2008 que permitía detenciones arbitrarias sin orden de un juez. A pesar de ser cuestionadas, estas reformas nunca fueron revisadas por la Corte, pues se mantenía que no podían hacerlo porque estaban en la Constitución. También menciona la reforma energética de Enrique Peña Nieto en 2014, que igualmente fue protegida por la Suprema Corte, a pesar de los amparos presentados en su contra.
Padierna concluye que ha habido múltiples intentos de cuestionar reformas constitucionales, pero todos han sido desechados por la Corte, dejando claro que el control sobre estas reformas es un tema complicado y lleno de matices. La pregunta que queda es: ¿realmente se está escuchando la voz del pueblo, o solo se están protegiendo intereses establecidos?
