Por Juan Pablo Ojeda
En un giro inesperado en el ámbito político, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que el gobierno recibió una notificación para eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, esta acción no se pudo llevar a cabo porque el código QR adjunto a la notificación resultó ilegible. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el QR no contenía la información esperada.
La mandataria comentó que la notificación llegó a la Consejería Jurídica con un mensaje que indicaba que, al escanear el código QR, se confirmaría la eliminación. Pero, al abrirlo, solo encontraron un mensaje que afirmaba que la reforma había sido eliminada, sin más detalles. “Tanto que han estado diciendo con la notificación, la notificación viene con un QR, la consejera jurídica dice ‘a ver qué dice’ y no lleva a ningún lado, no hay notificación”, subrayó Sheinbaum, asegurando que su administración no había recibido notificación alguna sobre el fallo.
La jueza federal Nancy Juárez había ordenado al gobierno que eliminara la reforma constitucional, que fue publicada el 15 de septiembre por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Este fallo imponía un plazo de 24 horas para que Sheinbaum y el director del DOF, Alejandro López, cumplieran con la orden o enfrentarían severas consecuencias, incluyendo una posible pena de prisión y multas.
La reforma al Poder Judicial propone la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La idea es que en junio de 2025 se realicen los primeros comicios judiciales, donde se elegiría a la mitad de los juzgadores, incluidos los once ministros de la Corte. Este cambio busca darle más poder al pueblo en la designación de los jueces, pero también ha generado controversia en el panorama político.
Con esta situación, la incertidumbre sobre el futuro de la reforma persiste. La falta de claridad en la notificación y los problemas técnicos con el QR podrían complicar aún más la agenda del gobierno. Mientras tanto, la presidenta se enfrenta a un dilema: cómo manejar una reforma que busca cambiar el sistema judicial del país en medio de obstáculos legales.
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