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Argentina a 14 de noviembre, 2024.- El nuevo gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha dado un paso que está generando reacciones fuertes en todo el país: retirar las pensiones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, la decisión se tomó tras la ratificación en segunda instancia de una condena por corrupción contra Fernández. Así, se le revocarán tanto la pensión que percibía como exmandataria como la de viuda de Néstor Kirchner.
Este retiro implica una reducción considerable en los ingresos de Fernández, quien recibía alrededor de 21.8 millones de pesos al año, equivalentes a unos 21,800 dólares. La ley 24.018, que otorga estas pensiones con carácter no contributivo, se basa en el mérito, honor y desempeño que se espera de los altos cargos públicos. Sin embargo, para el gobierno de Milei, Fernández ha fallado en estos principios, motivo por el cual se justifica la suspensión de dichos beneficios.
El fallo judicial que sustenta esta decisión se basa en el caso de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en Santa Cruz, provincia emblemática de los Kirchner, durante los mandatos de Néstor y Cristina. En 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos, sentencia que la Cámara Federal de Casación Penal ratificó en segunda instancia. Aunque la exmandataria aún puede apelar esta condena ante la Corte Suprema, el gobierno de Milei ha decidido adelantarse y tomar esta medida simbólica y contundente.
En su anuncio, Adorni declaró que Milei no está dispuesto a destinar recursos públicos a personas condenadas por corrupción, indicando que el caso de Fernández es emblemático, pero que podría sentar un precedente para otros casos de exfuncionarios. Además, aclaró que Fernández mantendría los beneficios derivados de sus aportes al sistema de seguridad social, pero sin los montos adicionales que recibía por sus roles de expresidenta y viuda de presidente, los cuales calificó como “privilegios”.
Es probable que Fernández apele esta decisión, lo que podría abrir una batalla legal en un terreno ya minado por el caso de corrupción en su contra. Por ahora, el gobierno de Milei ha reafirmado que no otorgará beneficios a quienes hayan “mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”.
