admin
Por Juan Pablo Ojeda
La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una firme defensa del fallo de febrero que impuso una multa de 454 millones de dólares al expresidente Donald Trump, argumentando que existen “pruebas abrumadoras” de su culpabilidad en un caso de fraude civil. James instó el miércoles al tribunal de apelaciones del estado a mantener la sentencia, que acusa a Trump de inflar el valor de su patrimonio para obtener beneficios financieros, como préstamos favorables.
En el documento legal presentado, James subrayó que Trump, junto con sus hijos y su empresa, la Organización Trump, empleó “estrategias engañosas” que afectaron negativamente al mercado. “El señor Trump innegablemente incurrió en fraude”, declaró James, destacando la gravedad de las prácticas fraudulentas que perjudicaron a los inversionistas y al sistema financiero.
Este pronunciamiento coincide con la programación de una audiencia para el 26 de septiembre en la que el tribunal de apelaciones escuchará los argumentos orales de Trump. Esto sugiere que una decisión final sobre el caso no se espera antes del 5 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales.
El fallo de febrero, emitido por el magistrado Arthur Engoron de la Corte Suprema de Manhattan, limitó la capacidad de Trump para realizar negocios en Nueva York durante tres años y le impuso una significativa multa. Trump ha recurrido el fallo, alegando que el juez actuó por motivaciones políticas y que su empresa fue castigada injustamente por su éxito en los negocios.
Trump también argumenta que los bancos y otras instituciones financieras involucradas en sus tratos no sufrieron pérdidas y que, por lo tanto, no debería ser responsable de los daños reclamados. Sin embargo, la oficina de James ha respondido que la ley en cuestión no requiere que se demuestre la pérdida de dinero por parte de las instituciones financieras, sino que busca el reembolso de las ganancias mal habidas.
Si Trump pierde este recurso, podría enfrentar serios impactos financieros, como la posible congelación de sus cuentas bancarias y el embargo de algunas de sus propiedades. Esto podría afectar su imagen de exitoso magnate inmobiliario y debilitar su posición en la carrera presidencial, especialmente frente a críticas sobre su gestión económica y sus ataques a las políticas demócratas.
