Por Juan Pablo Ojeda
La violencia en México se ha cobrado una víctima más, y esta vez se trata del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, quien fue asesinado el domingo 20 de octubre en Chiapas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no tardó en lamentar y condenar el crimen durante su conferencia mañanera, asegurando que «se está haciendo la investigación». Desde Palacio Nacional, destacó la importancia de que este caso no quede impune.
Sheinbaum informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estuvo en contacto con el gobierno estatal, la Diócesis y las autoridades eclesiales para coordinar esfuerzos en la investigación. “Estamos avanzando en el caso”, afirmó, subrayando que la seguridad en la región es una prioridad. En este sentido, la presidenta planea reunirse con el gobernador saliente de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena, y su sucesor, Eduardo Ramírez Aguilar, para afinar una estrategia de seguridad específica.
Desde Yucatán, donde se encontraba en gira, Sheinbaum ya había manifestado su conocimiento sobre el crimen, enfatizando que se habían dado instrucciones inmediatas para investigar lo sucedido. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, también se pronunció en redes sociales, expresando su solidaridad con la comunidad católica y asegurando que el Gobierno de México no permitirá la impunidad en este caso.
¿Qué Ocurrió?
Según la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el sacerdote Marcelo Pérez, conocido por su activismo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, fue atacado mientras se dirigía a oficiar misa en la parroquia de Guadalupe. Al abordar su camioneta Ford Titanium, dos individuos en motocicleta se acercaron y abrieron fuego, acabando con su vida.
La Compañía de Jesús condenó de inmediato el asesinato, instando a las autoridades de todos los niveles de gobierno a esclarecer el crimen y, al mismo tiempo, a proteger a las comunidades chiapanecas que enfrentan la amenaza del crimen organizado. El padre Marcelo había sido una voz activa en la exigencia de paz en Chiapas y había participado en múltiples marchas solicitando mayor atención a la seguridad de sus pobladores.
Es relevante mencionar que el sacerdote había enfrentado amenazas y agresiones en los últimos diez años, y contaba con una orden de protección emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, en el momento del ataque, viajaba solo, lo que plantea serias preguntas sobre la efectividad de las medidas de protección.
Días antes de su asesinato, Pérez había denunciado públicamente el aumento de la violencia en la región, revelando que los grupos criminales habían puesto «precio a su cabeza». En una entrevista con un medio local, mencionó que le habían asignado sumas que variaban entre 150 mil y un millón de pesos por su vida, afirmando que “vivimos bajo la protección de Dios”.
El asesinato de Marcelo Pérez es un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan aquellos que luchan por la justicia en México. La comunidad eclesiástica y la sociedad civil esperan que la investigación avance y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos en un estado asediado por la violencia.
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