Por Juan Pablo Ojeda
Los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están intensificando su resistencia contra la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el 19 de agosto, un paro nacional indefinido ha sido la respuesta del Poder Judicial de la Federación a los cambios legislativos que consideran amenazan su independencia y eficacia.
Las manifestaciones han tomado un giro notable. Los accesos a la Suprema Corte están bloqueados por los propios trabajadores, quienes han utilizado cinta adhesiva para sellar las puertas y colocar carteles con sus consignas. En algunos puntos, también se ha colocado cinta amarilla con la leyenda de “precaución” para evitar el paso de cualquier personal que no esté autorizado.
Aunque no hay una cifra oficial, Milenio reporta que alrededor de mil trabajadores están bloqueando las entradas principales. La agenda de la Corte para este jueves incluye una sesión programada a las 11:30 horas, pero la anterior sesión, que debía realizarse el martes 27, fue cancelada. Esta decisión llegó después de que los ministros votaran a favor de solidarizarse con sus colegas en paro. Desde entonces, las protestas dentro y fuera del recinto se han vuelto más frecuentes y visibles.
Aparentemente, solo los once ministros tendrán acceso al Tribunal para cumplir con sus funciones esenciales. La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, fue recibida con aplausos y palabras de aliento como “No estás sola” al llegar al edificio poco después de las 08:00 horas.
El descontento no se limita al personal de la Corte. El 28 de agosto, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad Iberoamericana organizaron una marcha desde la Ciudad Universitaria para manifestarse contra la reforma. Durante la protesta, los estudiantes alentaron a sus profesores a unirse a las movilizaciones, evidenciando un amplio apoyo en diversos sectores de la sociedad.
Las movilizaciones reflejan una creciente preocupación por el impacto de la reforma en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Los manifestantes piden un diálogo abierto para analizar y entender mejor las implicaciones de los cambios propuestos, insistiendo en que las reformas deben ser revisadas con una perspectiva especializada y equilibrada.
Este panorama muestra un claro conflicto entre las propuestas del Ejecutivo y la resistencia del Poder Judicial y la sociedad civil, que buscan preservar la autonomía y el equilibrio en el sistema judicial mexicano.