Veracruz a 19 de junio, 2025.- Aunque está preso desde abril por presunto abuso sexual infantil, Héctor Ulises Orduña Hernández podría ocupar el cargo de juez federal mixto en Veracruz tras ganar la elección con más de 44 mil votos. ¿La razón? La Constitución Mexicana no impide que alguien sin sentencia firme asuma el cargo, por lo que, legalmente, aún es elegible.

Orduña se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de abril, pero eso no lo excluyó del proceso. Sin hacer campaña, obtuvo el segundo lugar en la votación para jueces de distrito, con lo cual podría recibir su constancia de mayoría si no se encuentra un impedimento legal contundente.

El vacío legal: no hay sentencia, no hay inelegibilidad

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reconoció que el caso de Orduña es delicado pero, al no haber una sentencia firme, la presunción de inocencia sigue vigente.

“Sabemos que está privado de su libertad en situación de prisión preventiva. Más allá no tenemos ninguna sentencia», explicó Taddei.

Esto se apega a la fracción VII del artículo 38 constitucional, que dice que una persona solo es inelegible si hay una sentencia definitiva por delitos como abuso sexual, violencia familiar o delitos contra la integridad personal.

Por tanto, mientras no haya condena, el INE no puede descalificarlo automáticamente, aunque el tema ya genera controversia y será evaluado en la siguiente fase de revisión de elecciones judiciales.

 

¿Quién es Héctor Ulises Orduña?

Según su perfil en la plataforma “Conóceles” del INE, Orduña es abogado litigante desde hace 15 años. En su campaña (aunque no la promovió públicamente), propuso que todos los jueces y magistrados electos se sometan a evaluaciones periódicas que incluyan polígrafo, antidoping y estudios psicológicos.

Su candidatura fue una de las más sorpresivas en esta elección judicial nacional. A pesar de estar detenido por abuso sexual contra menores, logró 44,221 votos, sin proselitismo y estando ya tras las rejas.

 

¿Qué sigue para su caso?

El Consejo General del INE analizará su situación al revisar la validez de las candidaturas ganadoras. Si no encuentra impedimentos conforme a la Constitución y a la política “8 de 8” (que revisa historial de violencia, deudas alimentarias, etc.), podría entregarle la constancia de mayoría.

Sin embargo, si alguna impugnación se presenta, el tema podría llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tendría la última palabra sobre su elegibilidad.