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La senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para adicionar el artículo 190 Bis al Código Penal Federal, con el objetivo de tipificar el delito de terrorismo político. Esta propuesta busca sancionar actos de violencia que tengan como finalidad intimidar a la población o presionar a las autoridades para tomar decisiones específicas.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen. De ser aprobada, se establecerían penas más severas para quienes cometan actos que, bajo el pretexto de reivindicaciones políticas, recurran a la violencia para alterar el orden público o coaccionar a los poderes del Estado.
La senadora Téllez ha argumentado que la violencia con fines políticos representa una amenaza directa a la democracia y al Estado de derecho. Por ello, considera necesario contar con un marco legal que permita identificar y sancionar adecuadamente estos actos, diferenciándolos de otros delitos comunes.
La propuesta también busca proteger a la ciudadanía de grupos o individuos que, mediante actos violentos, intenten imponer agendas políticas o ideológicas, generando miedo y desestabilización en la sociedad.
Diversos sectores de la sociedad civil han expresado su apoyo a la iniciativa, considerando que es un paso importante para fortalecer la seguridad y la paz social en el país. Asimismo, expertos en derecho penal han señalado la importancia de contar con figuras jurídicas específicas que aborden las nuevas formas de violencia política.
La iniciativa de la senadora Téllez se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la violencia relacionada con motivaciones políticas, que ha afectado a diversas regiones del país en los últimos años.
Con esta propuesta, el PAN reafirma su compromiso con la seguridad y la legalidad, buscando dotar al Estado de herramientas efectivas para combatir y prevenir el terrorismo político.
Se espera que las comisiones dictaminen la iniciativa en las próximas semanas, lo que abriría la puerta a su discusión y eventual aprobación en el Pleno del Senado.
De ser aprobada, esta reforma representaría un avance significativo en la protección de la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos.
