Senado avala reforma express al amparo y la envía al Ejecutivo.

En una sesión que duró apenas unas horas, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Amparo y la turnó de inmediato al Ejecutivo para su promulgación. El dictamen fue votado por mayoría con el respaldo de Morena, el PT y el PVEM, mientras que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra, argumentando que el proceso fue apresurado y sin espacio para el debate técnico que ameritaba un tema de esta magnitud.

La votación cerró con 83 votos a favor y 38 en contra en lo general, y 78 a 37 en lo particular. El eje del desacuerdo se concentró en el artículo tercero transitorio, que había sido previamente aprobado en la Cámara de Diputados y ratificado por los senadores oficialistas. Dicho artículo establece que las etapas procesales ya concluidas o con derechos adquiridos se regirán por la ley anterior, pero las actuaciones posteriores quedarán bajo las nuevas disposiciones.

La oposición calificó la medida como una “simulación jurídica”. Denunció que, bajo la apariencia de una adecuación procesal, el gobierno busca aplicar retroactividad de manera encubierta, lo que permitiría al Estado cobrar créditos fiscales actualmente en litigio por más de dos billones de pesos. De acuerdo con legisladores del PAN y MC, la reforma podría afectar a miles de pequeñas y medianas empresas que recurren al amparo como herramienta de defensa frente a actos arbitrarios de la autoridad fiscal.

En respuesta, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, aseguró que no hay tal retroactividad y que los cambios son de naturaleza procesal, enfocados en agilizar trámites judiciales y garantizar que las resoluciones futuras sean más rápidas y digitales. “No se tocan derechos adquiridos ni sentencias firmes. La reforma opera solo hacia adelante”, enfatizó durante la discusión en tribuna.

La reforma introduce además modificaciones a los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, incorpora el uso de firma electrónica avanzada y notificaciones digitales, y busca modernizar los procedimientos judiciales en línea con las transformaciones tecnológicas del Poder Judicial.

Sin embargo, la discusión no se limitó al terreno técnico. Organismos empresariales y analistas financieros advirtieron que la reforma podría elevar el riesgo regulatorio para las empresas, especialmente en sectores sujetos a permisos y concesiones. Fitch Ratings alertó que las nuevas reglas podrían restringir el acceso al amparo, una herramienta constitucional que ha servido históricamente como contrapeso al poder del Estado.

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum había manifestado previamente su rechazo a la retroactividad incluida en versiones anteriores de la iniciativa. En su momento, aseguró que ninguna ley puede vulnerar derechos adquiridos ni aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, conforme lo establece el artículo 14 constitucional.

Con la aprobación del Senado, la iniciativa quedó lista para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, especialistas en derecho constitucional prevén que organizaciones civiles o partidos políticos podrían interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, alegando violaciones al principio de seguridad jurídica y al debido proceso.

Si el Ejecutivo promulga la reforma sin cambios, su entrada en vigor marcará un nuevo capítulo en la interpretación del amparo en México. Lo que para unos es una modernización del sistema judicial, para otros representa un intento de limitar el acceso de los ciudadanos y las empresas a la justicia frente al Estado.