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El Valencia CF ha presentado una demanda judicial contra la productora Conspiraçao Films y contra Netflix, plataforma que alberga el documental Baila, Vini, al considerar que este proyecto vulnera la imagen del club y de su afición. La acción legal, interpuesta en los juzgados de Valencia, reclama una indemnización económica por “intromisión en el derecho al honor”.
El conflicto se remonta a mayo de 2024, cuando tras el estreno del documental en Netflix, el club exigió por escrito una rectificación inmediata. La directiva valencianista calificó de “injusticia” lo que considera falsedades y manipulaciones que dañan la reputación de la afición. Posteriormente, en julio, los servicios jurídicos de la entidad comenzaron a preparar la demanda que ahora se ha formalizado.
El documental aborda, entre otros episodios, el partido disputado en Mestalla el 21 de mayo de 2023, en el que Vinícius Jr. denunció insultos racistas provenientes de algunos seguidores locales. El incidente provocó la detención momentánea del encuentro y la identificación directa de un aficionado por parte del propio jugador. Tras reanudarse el partido, el brasileño fue expulsado y recibió cánticos de “tonto, tonto” desde la grada. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior, Carlo Ancelotti, entonces técnico del Real Madrid, declaró que el estadio se había vuelto “loco” y que toda la grada había gritado “mono, mono”.
La polémica se centra en un fragmento del documental donde se incluye un video de TikTok correspondiente a ese partido. En las imágenes aparecen subtítulos que transcriben la palabra “mono”, cuando, según el club, lo que realmente se coreaba era “tonto”. Valencia CF sostiene que estos subtítulos están “manipulados” y “falsos”, por lo que ha solicitado en la demanda que sean modificados y que, en caso de resolverse a su favor, la sentencia quede reflejada en el documental.
Cabe recordar que tras aquel partido, el club y la Policía identificaron a tres aficionados que realizaron gestos racistas contra Vinícius. Los tres fueron condenados en un juicio con conformidad de las partes por un delito contra la integridad moral con agravante de discriminación. La sentencia les impuso una pena de ocho meses de prisión, el pago de las costas procesales y la prohibición de acceder a estadios durante dos años.
Con esta demanda, el Valencia CF busca no solo una compensación económica, sino también una rectificación pública que, según su postura, limpie la imagen de la entidad y de la mayoría de su afición, desvinculándola de las conductas racistas ocurridas en Mestalla.
