Gobierno federal indaga posible violación a la ley tras accidente con agentes extranjeros

CDMX a 25 de abril de 2026.- El Gobierno de México confirmó la muerte de cuatro personas en un accidente vehicular ocurrido el 19 de abril de 2026 en una carretera de la sierra de Chihuahua, entre ellas dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos agentes estadounidenses. Las víctimas mexicanas fueron identificadas como Pedro Oseguera Cervantes, director de la AEI en la entidad, y su escolta Manuel Genaro Méndez.

En un comunicado emitido el 25 de abril, el Gabinete de Seguridad Federal informó que ninguno de los agentes estadounidenses contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional. De acuerdo con la información oficial, uno de ellos ingresó al país como visitante, sin autorización para realizar actividades laborales, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático. No obstante, las autoridades federales señalaron que ni el Gabinete de Seguridad ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenían conocimiento de su participación en acciones operativas en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal no fue informado sobre la presencia ni las actividades de los agentes extranjeros, y apuntó a una posible falta por parte de autoridades estatales de Chihuahua. Subrayó que cualquier colaboración en materia de seguridad con personal extranjero debe contar con autorización y coordinación federal, conforme a la legislación vigente, incluida la Ley de Seguridad Nacional.

El caso ha derivado en una revisión conjunta entre autoridades federales, estatales y la Embajada de Estados Unidos para esclarecer tanto las circunstancias del accidente como la naturaleza de la participación de los agentes. En este contexto, el Gobierno de México envió una nota diplomática para solicitar información detallada sobre la presencia de los ciudadanos estadounidenses en el país.

De manera paralela, la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación para determinar posibles responsabilidades y verificar si se incurrió en violaciones a la normativa que regula la actuación de personal extranjero en territorio nacional. Mientras tanto, versiones iniciales de autoridades locales que calificaban la actividad como “capacitación” han sido matizadas por el Gobierno federal, que sostiene que existieron acciones de carácter operativo sin autorización correspondiente.

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