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El Consejo de Defensa de la Nación activó este sábado en Caracas el decreto de estado de conmoción exterior firmado por Nicolás Maduro, después de ataques militares que el gobierno venezolano atribuyó a Estados Unidos, informó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en transmisión nacional de radio y televisión.
Rodríguez señaló que el Consejo procedió a remitir el decreto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que la Sala Constitucional emita el pronunciamiento de constitucionalidad, paso requerido para su entrada en vigor y aplicación por las autoridades.
En su mensaje, la vicepresidenta exigió la liberación inmediata de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y sostuvo que el Ejecutivo considera que las acciones de Washington buscan “apoderarse” de recursos naturales del país.
Rodríguez afirmó que, una vez validado por la Sala Constitucional, el decreto se ejecutará “a partir de este momento”, y llamó a la población a mantener la calma, la unidad y acatar la convocatoria gubernamental a una movilización permanente.
La funcionaria también calificó los hechos como una violación a mecanismos del sistema internacional de derechos humanos y los encuadró como posibles conductas de “lesa humanidad”, sin detallar en ese mensaje qué instancias internacionales serían activadas por el gobierno.
En el diseño institucional venezolano, el Consejo de Defensa de la Nación es el órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en asuntos de defensa integral, y suele convocarse en escenarios de tensión externa o interna para coordinar criterios entre los poderes del Estado.
El estado de conmoción exterior forma parte de los estados de excepción previstos en la Constitución venezolana. En términos generales, permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias por un tiempo limitado ante situaciones vinculadas a conflicto externo, bajo control constitucional y con límites explícitos sobre derechos que no pueden ser restringidos.
El marco constitucional establece que los decretos de estado de excepción deben ser revisados por el TSJ y presentados ante instancias legislativas conforme a los plazos previstos, además de ajustarse a principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades venezolanas no habían difundido un desglose público, punto por punto, de las medidas operativas que se aplicarían con el decreto, más allá del llamado a movilización y de la ruta institucional hacia la Sala Constitucional.
El anuncio ocurre en un contexto de alta tensión diplomática regional, con impacto potencial en movilidad, servicios estratégicos y ambiente político interno, por lo que el seguimiento inmediato estará en la decisión del TSJ y en los alcances concretos de la ejecución del decreto.
