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En medio de desinformación en redes sociales, la llamada Ley Valeria ha generado dudas sobre su alcance real. A diferencia de lo que algunos mensajes virales aseguran, esta iniciativa no busca castigar interacciones sociales cotidianas ni el hecho de “ligar” o hablarle a alguien de manera casual. Su objetivo es mucho más específico: sancionar el acecho, una conducta persistente que puede causar daño psicológico y alterar la vida de quien la sufre.
La reforma, aprobada en febrero de 2026 por la Cámara de Diputados, propone incorporar este delito al Código Penal Federal. Define el acecho como la realización de actos reiterados de vigilancia, seguimiento, acercamiento o contacto no deseado, por cualquier medio, sin consentimiento, que generen afectaciones en la salud psíquica de la víctima o interfieran con su vida cotidiana.
Esto incluye comportamientos como llamadas constantes, mensajes insistentes, persecución física o digital, así como cualquier forma de intimidación o intromisión que, por su repetición, provoque miedo o desgaste emocional. Para que sea considerado delito, no basta un acto aislado: debe tratarse de una conducta persistente que tenga consecuencias reales en la persona afectada.
La iniciativa aún debe ser analizada por el Senado de la República, pero ya establece sanciones que van de dos a cuatro años de prisión, además de multas de hasta 400 días. Se trata de un tipo penal neutral, es decir, no está dirigido exclusivamente a proteger a mujeres, sino a cualquier persona que sea víctima de este tipo de conductas.
Diversas organizaciones y plataformas de verificación han insistido en aclarar el alcance de la ley. Subrayan que no criminaliza la interacción social ni los acercamientos casuales, sino los patrones de comportamiento repetitivos que generan temor o afectan la estabilidad emocional de una persona.
El impulso detrás de esta legislación tiene un origen concreto. La ley lleva el nombre de Valeria Macías, una maestra de Monterrey que fue víctima de acecho durante años por parte de un alumno. El agresor le enviaba cientos de mensajes diarios, la llamaba constantemente y llegó a seguirla, sin que existiera un marco legal claro para sancionar estos actos en su momento.
Casos como el suyo evidencian un problema estructural: la falta de herramientas legales para actuar ante conductas que, aunque no siempre implican contacto físico inmediato, sí generan un impacto profundo en la vida de las víctimas. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas personas que denuncian acecho enfrentan omisiones por parte de las autoridades, que suelen minimizar estos hechos si no hay agresiones físicas visibles.
Testimonios recogidos en publicaciones académicas revelan situaciones en las que las víctimas reciben llamadas constantes, amenazas o vigilancia continua, sin que sus denuncias prosperen bajo el argumento de que “no ha pasado nada grave”. La Ley Valeria busca precisamente cerrar ese vacío legal.
En ese sentido, la propuesta representa un cambio importante: reconocer que el daño psicológico y la alteración de la vida cotidiana también son formas de violencia que deben ser atendidas. Más que limitar la convivencia social, la ley intenta establecer límites claros frente a conductas que dejan de ser interacción para convertirse en acoso persistente.
