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El gobierno federal, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), desplegó una ofensiva legal y policial en el barrio de Tepito contra las redes de distribución de mercancía falsificada. La acción, denominada «Operación Limpieza», responde a las presiones de protección de marca derivadas de la organización del Mundial de Fútbol 2026 en territorio mexicano.
Bajo la dirección de Santiago Nieto Castillo, el IMPI activó sus facultades de inspección y aseguramiento en la calle de Aztecas. Esta maniobra requiere el respaldo operativo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la policía de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para hacer cumplir las disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en un polígono históricamente resistente a la regulación estatal.
El foco de la intervención recae sobre las cadenas de suministro ilegales que lucran con las marcas FIFA, Nike, Adidas, Reebok, Umbro y Puma. Estas corporaciones transnacionales exigen a los países sede de eventos deportivos de esta magnitud garantías jurídicas y operativas estrictas para blindar sus ingresos frente a la competencia del mercado negro.
La presencia de personal naval armado y fuerzas policiales en la colonia Morelos evidencia la capacidad de movilización de recursos del Estado para ejecutar embargos precautorios. La «Operación Limpieza» traza la ruta del dinero desde los talleres de manufactura apócrifa y los puertos de entrada ilegal hasta los puntos de venta mayorista en el centro de la capital.
Históricamente, los operativos contra la propiedad intelectual en Tepito han enfrentado cuestionamientos sobre su eficacia a largo plazo. A menudo, las estructuras de distribución logran reorganizarse poco después de las redadas. El mandato de Nieto Castillo al frente del IMPI se somete a escrutinio para determinar si estas acciones desmantelan las redes financieras o si constituyen medidas paliativas temporales.
El aseguramiento de la mercancía infractora detona procedimientos administrativos que pueden derivar en sanciones económicas millonarias para los operadores de las bodegas intervenidas, además de abrir carpetas de investigación penal en caso de detectarse delitos vinculados como el contrabando y la delincuencia organizada.
El saldo definitivo de la operación, que será transparentado por el propio IMPI en las próximas horas, servirá como un indicador del nivel de penetración que la industria de la falsificación mantiene en la economía informal de la capital a pocas semanas del inicio del torneo futbolístico más rentable del mundo.
