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4 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) activó un mecanismo excepcional previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al considerar que existen indicios graves sobre la situación en México.
De acuerdo con el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), el Comité solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso a la Asamblea General, con el fin de que se evalúen medidas de cooperación internacional, asistencia técnica y apoyo financiero.
El organismo señaló que existe información con “indicios bien fundados” de que en México se han cometido y continúan registrándose desapariciones forzadas en un contexto que podría considerarse como ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, lo que abriría la posibilidad de que estos hechos sean clasificados como crímenes de lesa humanidad.
Entre los elementos destacados, el Comité mencionó el hallazgo de miles de restos humanos en fosas clandestinas —más de 6,200 cuerpos y alrededor de 76,000 restos sin identificar—, así como posibles casos de colusión entre autoridades y grupos del crimen organizado. Asimismo, indicó que México concentra el mayor número de acciones urgentes registradas ante este órgano a nivel mundial.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazaron la decisión del Comité, al considerar que sus conclusiones son “parciales, sesgadas y sin rigor jurídico”. Las dependencias sostuvieron que el informe no refleja los esfuerzos institucionales realizados en los últimos años para atender esta problemática y negaron la existencia de una política de Estado orientada a la desaparición forzada.
Especialistas señalan que la activación del artículo 34 es un procedimiento poco frecuente dentro del sistema internacional de derechos humanos y se reserva para situaciones consideradas de especial gravedad, lo que coloca el caso de México en un nivel de atención internacional más alto.
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