La estrategia de seguridad en la Ciudad de México busca reforzar la atención territorial mediante reuniones diarias entre autoridades capitalinas, alcaldías, Fiscalía y cuerpos policiales, con el objetivo de identificar zonas con mayor incidencia delictiva y ajustar las acciones operativas. El esquema, presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, plantea una coordinación permanente, aunque sus resultados dependen de la capacidad de las autoridades para convertir los diagnósticos en reducciones verificables de los delitos.
Brugada Molina señaló que existe coordinación con las 16 alcaldías para definir acciones específicas en cada sector y cuadrante, bajo un esquema de mando único. En este modelo también participan elementos de la Policía Auxiliar que dependen de las demarcaciones y que pueden incorporarse a las labores de vigilancia conforme a las necesidades y posibilidades presupuestales de cada alcaldía.
De acuerdo con la mandataria capitalina, cada semana se revisan cinco sectores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por alcaldía, en coordinación con las autoridades locales. Estas evaluaciones permiten identificar los puntos donde se registra un incremento de determinados delitos y establecer consignas para reforzar la presencia policial en calles, cuadrantes y zonas consideradas prioritarias.
El Gobierno capitalino sostiene que las acciones no se limitan al despliegue de elementos, sino que buscan medir posteriormente si las medidas adoptadas tienen un efecto concreto sobre la incidencia delictiva. Este mecanismo de evaluación pretende evitar que la presencia policial se mantenga de manera uniforme y permitir que los recursos se concentren en los lugares donde se detectan mayores riesgos.
La coordinación también contempla reuniones diarias a las 08:00 horas con la participación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la policía capitalina, Participación Ciudadana, representantes de las alcaldías y funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Brugada afirmó que este esquema genera 72 reuniones diarias de coordinación por sector, además de las mesas de construcción de paz que se desarrollan en las demarcaciones con autoridades locales y federales.
Uno de los ejemplos citados por la jefa de Gobierno es el combate al robo de vehículo, delito para el cual se diseñan estrategias focalizadas en los territorios donde se concentra la incidencia. La participación conjunta de alcaldías, SSC y otras áreas del Gobierno capitalino busca mejorar la capacidad de respuesta y evitar que las acciones permanezcan aisladas entre instituciones.
Sin embargo, el modelo también enfrenta el reto de traducir la coordinación institucional en resultados medibles para la población. La realización de reuniones y el establecimiento de consignas constituyen mecanismos de seguimiento, pero su efectividad debe valorarse a partir de indicadores como la disminución sostenida de delitos, la atención a las víctimas, la judicialización de los casos y la percepción de seguridad en las comunidades.
Brugada Molina sostuvo que las diferencias políticas entre gobiernos no deben obstaculizar la atención de los problemas de seguridad y defendió la necesidad de mantener mesas de trabajo para resolver las demandas ciudadanas. En ese sentido, planteó que la seguridad debe asumirse como una responsabilidad compartida entre los distintos órdenes de gobierno.
La mandataria también advirtió que las atribuciones de las alcaldías deben estar acompañadas de capacidades suficientes para ejercerlas, particularmente en materia presupuestal y operativa. El planteamiento coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre la distribución de responsabilidades y recursos para atender la seguridad en los territorios.
El esquema anunciado apuesta por una estrategia de seguridad con mayor vigilancia territorial, intercambio de información y evaluación periódica. El desafío para las autoridades será demostrar que esta coordinación cotidiana no sólo incrementa la comunicación entre instituciones, sino que produce reducciones sostenidas en los delitos y mejores condiciones de seguridad para quienes viven y transitan por la Ciudad de México.
Fuente institucional: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
