La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que, hasta el momento, no ha recibido quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos humanos derivadas de casos de despojo de inmuebles, en un contexto en el que el Gobierno capitalino y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) han anunciado acciones específicas para atender este delito.
La presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, señaló que el organismo se mantiene atento a la evolución del problema y a la actuación de las autoridades responsables. Explicó que, por ahora, el tema se encuentra en una etapa inicial y que la Comisión evaluará si las instituciones cumplen con sus obligaciones y con los protocolos anunciados.
González Saravia precisó que las denuncias por despojo deben presentarse inicialmente ante la FGJCDMX, al tratarse de una conducta que corresponde investigar a la autoridad ministerial. La intervención de la CDHCM podría darse posteriormente si se identifican posibles violaciones a derechos humanos relacionadas con la actuación de las autoridades.
En particular, la Comisión puede conocer casos en los que existan posibles omisiones, retrasos injustificados, falta de atención a las víctimas o incumplimiento de las obligaciones institucionales. Por ello, la ausencia de quejas ante el organismo defensor no equivale a la inexistencia de despojos, sino a que hasta el momento no se han presentado ante la CDHCM casos que cuestionen directamente la actuación de las autoridades por este motivo.
El contexto cobra relevancia ante las acciones anunciadas por el Gobierno de la Ciudad de México para combatir el despojo de inmuebles. La FGJCDMX reportó recientemente la recepción de 30 denuncias relacionadas con este fenómeno, aunque sólo cuatro habían sido clasificadas inicialmente como procedentes de ese delito, de acuerdo con información difundida por la propia Fiscalía.
La diferencia entre el número de denuncias recibidas y los casos inicialmente clasificados como despojo también plantea un reto para las autoridades encargadas de investigar y atender este tipo de conflictos. La correcta identificación de los hechos resulta fundamental para determinar responsabilidades, garantizar el acceso a la justicia y evitar que las víctimas enfrenten procesos prolongados o falta de atención institucional.
En este escenario, la postura de la CDHCM coloca el énfasis en la supervisión de la actuación pública. El organismo deberá determinar, a partir de las quejas que eventualmente reciba, si existen patrones de actuación que puedan constituir vulneraciones a derechos humanos y si las instituciones encargadas de investigar y atender los casos están cumpliendo con los procedimientos establecidos.
La Comisión cuenta con antecedentes de una carga importante de atención ciudadana. Su informe anual correspondiente a 2025 registró más de 7 mil 700 quejas por distintos hechos, lo que evidencia el volumen de asuntos relacionados con posibles vulneraciones de derechos que llegan al organismo.
El reto, por tanto, no sólo se encuentra en la persecución penal del despojo, sino también en garantizar que las personas afectadas tengan mecanismos efectivos para denunciar, recibir asesoría y obtener una respuesta institucional oportuna. La vigilancia de la CDHCM será relevante en la medida en que permita identificar posibles fallas de las autoridades y contribuir a que las víctimas tengan acceso efectivo a la justicia y a la protección de sus derechos.
