Ciudad de México.— La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, planteó cinco líneas de trabajo conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para atender problemáticas sociales relacionadas con vivienda, personas en situación de calle, sistema penitenciario, desapariciones y exigibilidad de derechos. El planteamiento ocurrió durante la presentación del Informe Anual 2025 del organismo, en un contexto en el que la propia Comisión llamó a pasar de la atención de casos individuales a la identificación de causas estructurales de las violaciones a derechos humanos.
Brugada Molina sostuvo que la CDHCM debe mantener una posición autónoma, independiente y crítica frente al gobierno, al tiempo que propuso fortalecer su capacidad institucional para prevenir violaciones, investigarlas, exigir responsabilidades y contribuir a la reparación de daños. La mandataria señaló que los gobiernos democráticos no deben temer a una comisión de derechos humanos fuerte, sino reconocer su papel como contrapeso institucional.
Entre las propuestas presentadas se encuentra transformar la Procuraduría Social en una Defensoría Social del Pueblo, con el objetivo de establecer un nuevo modelo de exigibilidad de derechos. De acuerdo con el planteamiento de la mandataria, la CDHCM podría acompañar este proceso para fortalecer los mecanismos mediante los cuales la población puede reclamar y hacer efectivos sus derechos.
La segunda acción consiste en construir un nuevo modelo penitenciario para la capital que privilegie la reinserción social. Brugada señaló que las personas que cumplen una condena deben recuperar su libertad sin nuevas afectaciones que puedan contribuir a su reincidencia en dinámicas de violencia. El planteamiento coloca nuevamente bajo discusión las condiciones de los centros penitenciarios y las políticas públicas posteriores al cumplimiento de las sentencias.
Como tercera línea, el Gobierno capitalino propuso desarrollar con la Comisión un programa integral para atender a las personas en situación de calle. La intención, según Brugada, es superar una respuesta exclusivamente asistencial y generar condiciones que permitan a este sector acceder de manera efectiva a sus derechos, aunque la propuesta deberá traducirse en mecanismos concretos de atención y coordinación institucional.
La cuarta propuesta está vinculada con la vivienda y los desalojos. Ante la próxima discusión de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles en el Congreso de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno planteó elaborar un nuevo protocolo para atender los desalojos y reducir el riesgo de abusos, violencia o vulneraciones a derechos humanos durante estos procedimientos.
La quinta acción está relacionada con las personas desaparecidas y sus familias. Brugada pidió mantener el acompañamiento de la CDHCM a los procesos de búsqueda y garantizar que las personas buscadoras cuenten con el respaldo institucional necesario. El planteamiento adquiere relevancia frente a la demanda de familiares y colectivos de contar con mecanismos eficaces de búsqueda, investigación, verdad y justicia.
Durante el acto, la presidenta de la CDHCM, María Dolores Saravia Calderón, presentó los resultados del organismo correspondientes a 2025 y destacó el fortalecimiento del mecanismo de restitución inmediata de derechos, así como el trabajo territorial mediante oficinas en las 16 alcaldías. También señaló el acompañamiento a procesos de búsqueda, movilizaciones sociales y grupos de atención prioritaria.
Saravia Calderón reconoció que la rendición de cuentas también implica identificar pendientes y áreas de oportunidad. En ese sentido, planteó la necesidad de pasar de la atención de casos particulares a la identificación de causas comunes que permitan impulsar acciones colectivas y sostenidas. Entre las prioridades mencionó la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, la libertad e integridad personal y la atención de casos relacionados con tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias.
La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, destacó por su parte la coordinación entre la Fiscalía y la CDHCM. Señaló que el diálogo interinstitucional no debe implicar que el organismo autónomo renuncie a su independencia ni a su capacidad para señalar posibles vulneraciones a derechos.
Brugada también planteó avanzar en el reconocimiento constitucional de nuevos derechos, entre ellos el derecho al cuidado, ya contemplado en la Constitución local; el derecho al arraigo, entendido como la posibilidad de permanecer en el lugar donde las personas han construido su vida; y el derecho a la educación inicial y a un ingreso garantizado para niñas y niños de cero a tres años.
El reto para las instituciones, sin embargo, será convertir estos planteamientos en políticas públicas verificables, con responsabilidades claramente delimitadas, presupuesto y mecanismos de evaluación. La propia CDHCM ha señalado la importancia de fortalecer la documentación, el acompañamiento y las acciones encaminadas a garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
La propuesta de trabajo conjunto plantea así una relación institucional que busca combinar coordinación con autonomía. Para la CDHCM, uno de los principales desafíos será mantener su independencia y capacidad crítica mientras participa en procesos de política pública; para el Gobierno capitalino, el desafío será traducir sus compromisos en resultados concretos para las personas cuyos derechos han sido vulnerados.
