La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que, como parte del seguimiento a la estrategia contra el despojo, se han asegurado o recuperado 53 inmuebles, mientras que 102 casos han sido judicializados y 32 han concluido mediante mediaciones exitosas. El balance fue presentado en un contexto de presión creciente para acelerar la restitución de propiedades y evitar que las víctimas enfrenten procesos prolongados para recuperar sus bienes.
Uno de los principales datos del más reciente corte corresponde al periodo del 5 al 31 de agosto de 2026, cuando la Fiscalía recibió 315 denuncias relacionadas con posibles despojos. Tras el análisis de los expedientes, únicamente 61 fueron confirmados hasta ese momento como constitutivos de este delito: cinco fueron cometidos con violencia y 56 sin violencia.
De los 61 casos confirmados, 44, equivalentes a 72 por ciento, ya registraban algún resultado. En 22 expedientes los inmuebles fueron asegurados por la Fiscalía o recuperados, 17 fueron presentados ante una autoridad judicial y cinco concluyeron mediante acuerdos reparatorios. El dato evidencia una respuesta más rápida en una parte de los casos, aunque no significa que las 315 denuncias hayan sido resueltas.
La propia clasificación de las denuncias muestra la complejidad del fenómeno. La recepción de una denuncia no implica automáticamente que exista el delito de despojo, pues algunos expedientes pueden corresponder a conflictos civiles, sucesorios o disputas relacionadas con la propiedad. Por ello, la Fiscalía mantiene investigaciones abiertas para determinar la naturaleza jurídica de los hechos antes de proceder con acciones de carácter penal.
El problema, además, no se limita al corte de agosto. Durante los primeros meses de 2026, la FGJCDMX reportó 1,846 carpetas de investigación iniciadas por despojo, una cifra que refleja la dimensión del fenómeno y la necesidad de diferenciar entre conflictos patrimoniales particulares y posibles estructuras dedicadas sistemáticamente a apropiarse de inmuebles.
En paralelo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, desde octubre de 2024, han sido detenidas 300 personas por conductas relacionadas con el despojo, como allanamientos, ingresos irregulares o entradas por la fuerza a inmuebles. De ellas, 114 detenciones corresponden al periodo posterior al lanzamiento de la estrategia reforzada contra este delito.
La estrategia anunciada por el Gobierno de la Ciudad de México plantea reducir los tiempos de respuesta: las autoridades establecieron como meta asegurar y restituir inmuebles en un plazo de hasta 15 días, cuando exista claridad jurídica sobre la propiedad, y llevar los casos ante un juez en un máximo de 30 días. El esquema contempla coordinación entre la FGJCDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras instancias gubernamentales.
La presión social también ha colocado el tema en la agenda legislativa. El Congreso capitalino aprobó recientemente solicitar una mesa de trabajo entre autoridades registrales, notariales y de procuración de justicia para diseñar mecanismos de prevención y combate al despojo. El Legislativo ha señalado que alcaldías como Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero concentran una parte importante de las denuncias.
El desafío para las autoridades será convertir los resultados operativos en restituciones efectivas y procesos judiciales sólidos. Asegurar un inmueble, judicializar una carpeta o alcanzar un acuerdo reparatorio son resultados distintos y no necesariamente equivalen a la conclusión integral de todos los conflictos patrimoniales. La eficacia de la estrategia deberá medirse, por tanto, no sólo por el número de detenciones o aseguramientos, sino por la restitución efectiva del patrimonio a sus legítimos propietarios y por la capacidad institucional para prevenir nuevos casos.
Mientras la estrategia avanza, las autoridades capitalinas también han planteado fortalecer la certeza jurídica de los inmuebles mediante regularización, escrituración y mecanismos de alerta. El Congreso local, por su parte, ha insistido en mejorar la coordinación entre alcaldías, Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Registro Público de la Propiedad.
