Por Bruno Cortés
Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.— La bancada del PRI en la Cámara de Diputados pidió someter al Instituto Nacional Electoral a una auditoría integral y adelantó que, cuando se discuta el próximo presupuesto, presentará una moción suspensiva para presionar por la publicación de una reforma salarial. El planteamiento fue expuesto por su coordinador, Rubén Moreira, en conferencia de prensa.
De acuerdo con el legislador, la dimisión de Guadalupe Taddei como presidenta del INE no cierra el expediente de presuntas irregularidades en contrataciones. A su juicio, las indagatorias tienen que precisar qué responsabilidad corresponde a quienes participaron en las licitaciones y si los funcionarios a cargo de vigilarlas incurrieron en omisiones.
La renuncia de Taddei quedó formalizada ante la Cámara de Diputados en un contexto de cuestionamientos por probables conflictos de interés y por contratos con proveedores del instituto. Según información publicada por El País, la Auditoría Superior de la Federación inició investigaciones vinculadas con el caso, aunque la apertura de esas pesquisas no significa que exista una determinación de responsabilidad.
“Una investigación completa de lo que sucedió”, demandó Moreira, quien pidió que la revisión incluya los procedimientos y sistemas del organismo, entre ellos el Registro Federal de Electores, y que alcance también a los 32 organismos públicos locales electorales (OPLE).
El diputado solicitó, asimismo, aclarar si existió influencia indebida en la conformación de los órganos electorales locales o en la elección de sus proveedores. Sus dichos sobre una posible afectación de los procesos electorales son señalamientos de carácter político: durante la conferencia no presentó pruebas de alteraciones en boletas, credenciales o resultados.
El priista consideró que las dudas en torno a las contrataciones obligan a adoptar medidas para restablecer la confianza de cara a los comicios de 2027. Por ello, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum reconocer la seriedad de los cuestionamientos y planteó que el cambio en la presidencia del INE vaya acompañado de una revisión de la institución.
Moreira urgió también a publicar cuanto antes la convocatoria para designar a la nueva presidencia del instituto. Su propuesta es que los tres partidos de oposición elijan a los integrantes del comité de evaluación, idea que constituye una postura política y no un mecanismo aprobado ni anunciado por la Cámara de Diputados.
En el terreno laboral, el coordinador informó que envió una nueva petición a la Mesa Directiva del Senado para que emita la declaratoria y concluya el trámite de la reforma salarial. Explicó que el cambio ya fue avalado por legislaturas estatales, pero aún falta completar el proceso que permita su publicación.
Como ejemplo del impacto que atribuye a la reforma, mencionó que hay médicos del IMSS con un salario tabular de 13 mil pesos al mes y policías municipales que perciben en promedio entre ocho mil y nueve mil pesos. Según su lectura de las reglas aprobadas, los ingresos de los trabajadores beneficiados tendrían que llegar a unos 20 mil pesos. Se trata de cifras expuestas por el legislador, no de un incremento en vigor.
“Pondremos una moción suspensiva”, afirmó al detallar la acción que impulsará el grupo parlamentario en el debate presupuestal. La intención, explicó, es pedir al pleno que no vote el presupuesto en tanto la reforma no sea publicada. El anuncio refleja una estrategia del PRI y no supone que la discusión se detenga de manera automática.
El legislador reprochó además a líderes sindicales que apoyaron en público la modificación y que, en su opinión, hoy permanecen callados sobre el trámite pendiente. Los convocó a sumarse al reclamo para que los beneficios lleguen a médicos, enfermeras y enfermeros, policías y el resto de los trabajadores contemplados.
Con ello, Moreira fijó dos demandas centrales: aclarar las presuntas irregularidades en las contrataciones electorales y terminar el procedimiento de una reforma que, dijo, debe reflejarse en mejores salarios. En ambos casos, pidió que las decisiones de las instituciones tengan resultados que la ciudadanía pueda comprobar.
