La Jabalinada / Bruno Cortés
En México el poder trae dos relojes: uno para prometer, que siempre viene con cronómetro, y otro para rendir cuentas, que nomás no tiene pilas. Este martes funcionaron los dos al mismo tiempo, y la diferencia de velocidad se notó desde Palacio hasta San Lázaro.
En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum y el director del IMSS, Zoé Robledo, presentaron un programa de mejora integral con 12 acciones que deben cumplirse en 120 días, del 27 de octubre al 24 de febrero. Incremento salarial de 8 por ciento, basificación de 10 mil 939 trabajadores, contratación de 2 mil 500 médicos especialistas, 18 mil 16 camas y camillas nuevas y una inversión anunciada de 11 mil 745 millones de pesos. Hasta fecha de caducidad trae.
Hay que reconocerlo sin regateo: basificar a casi 11 mil trabajadores y ponerle plazo e indicadores públicos a una promesa es mejor que el eterno «vamos avanzando». Robledo dijo que el plan tiene que cumplirse «hospital por hospital» y ser percibido por los derechohabientes. Esa es la vara correcta. No la medirá la conferencia matutina: la medirá la señora que lleva meses esperando su cita de especialidad.
Porque el derechohabiente ya conoce el género. Ha visto los anuncios, ha visto las metas y ha visto la receta regresar a casa sin medicina. Una de las 12 acciones, por cierto, es garantizar el surtimiento completo de recetas en las farmacias del instituto. Que en 2026 eso se anuncie como novedad ya es, en sí mismo, el diagnóstico.
Mientras en Palacio se prometía a 120 días, en San Lázaro se cerraba el expediente de 2024. La Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública de ese año, la última del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 321 votos de Morena, PT y PVEM contra 117 de PAN, PRI y MC. El documento registra 65 mil 169 millones de pesos pendientes por aclarar: 59 mil 363 millones en el gasto de las entidades federativas y 5 mil 805 millones en el del gobierno federal.
Pendientes por aclarar. Qué elegancia.
Conviene la salvedad jurídica: una observación de la Auditoría Superior no es una sentencia, y muchas cifras se solventan con papeles en regla. «Por aclarar» no quiere decir robado; quiere decir que nadie lo ha explicado todavía. Pero aprobar la cuenta con ese hueco equivale a firmar de recibido la caja sin abrirla. Traducción jabalí: el trámite se cerró, la duda sigue abierta.
En tribuna, el panista Héctor Saúl Téllez sostuvo que la Auditoría observó 67 mil millones en 2024 y que solo se recuperaron alrededor de 2 mil millones. El priista Andrés Mauricio Cantú habló de un subejercicio cercano a 25 mil millones en el IMSS-Bienestar. Morena respondió que la recaudación creció sin subir impuestos. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Y ahí está el problema: el mismo año en que entró más dinero, se quedó sin gastar justo donde dolía.
La ironía la puso la propia presidenta. Esa misma mañana pidió a la Auditoría Superior revisar al INE a fondo: «Que se audite todo». De acuerdo. Pero la consigna se oiría mejor si la mayoría que la aplaude no aprobara, horas después, una cuenta con 65 mil millones esperando explicación. Auditar al vecino es deporte nacional. Auditarse uno mismo, deporte extremo.
Y ya entrados en la tarde, los diputados aprobaron en lo general, por 314 votos contra 117, la reforma a la Ley de Inversión Extranjera. Los titulares de Defensa, Marina y Seguridad, además de la Agencia de Transformación Digital, se sientan con voz y voto en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. La FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la UIF participarán con voz, pero sin voto, cuando haya asuntos de seguridad nacional.
La lógica oficial no es descabellada. Las compras en las que el capital extranjero supere el 49 por ciento de una empresa en actividades sensibles pasarán por un filtro de seguridad nacional, como ya ocurre en otras economías. Un diputado del PT lo resumió con frase de imán de refrigerador: «abrir la puerta no significa entregar la casa». Cierto. Tampoco significa poner un retén en el zaguán.
Lo que inquieta es el método. Los criterios económicos de fondo, como el monto de activos que activa la revisión, quedarán en manos de la propia comisión, no de la ley. La oposición pidió que Marina y Defensa solo votaran en asuntos estrictamente de seguridad nacional; la propuesta ni siquiera se admitió a discusión. El inversionista no pide cariño: pide reglas escritas. Y la discrecionalidad, aunque llegue con uniforme planchado, sigue siendo discrecionalidad.
Nadie dice que el país esté en venta ni que el IMSS esté en ruinas. Hay un plan con fechas, una cuenta votada y una ley que busca proteger sectores estratégicos. Pero el martes dejó una postal: cronómetro para la promesa, calendario abierto para la aclaración y un militar más en la ventanilla del dinero.
EL DATO: La Ley de Inversión Extranjera se publicó en diciembre de 1993, en vísperas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces la discusión era cómo abrir la puerta; 33 años después, es quién se queda con la llave.
P.D. 1. — Ojo con la mesa. Gobernación retoma este miércoles las reuniones con colectivos de madres buscadoras, con la FGR, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Bienvenida la mesa. Las madres no necesitan más sillas: necesitan resultados con nombre y apellido.
Prometer cuesta una conferencia. Cumplir cuesta 120 días. Aclarar, por lo visto, no tiene fecha.
Y ese reloj sigue sin pilas.
