La Jabalinada / Bruno Cortés
El poder en México lleva una contabilidad muy suya: al árbitro se le pasa la tijera con pulso de cirujano y a quien atiende la ventanilla se le pide paciencia. Este domingo se vio en tres escenarios. San Lázaro afinando el presupuesto, los módulos del INE a punto de bajar la cortina y una glorieta de Cancún tomada por madres que ya no le creen a nadie. Tres oficinas distintas. Un mismo trámite: esperar.
Empecemos por la casa del dinero. Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva, pasó el domingo en el Palacio Legislativo y grabó un mensaje: este lunes, a las tres de la tarde, el pleno empieza a discutir cómo se gastarán 10 billones 636 mil millones de pesos en 2027. Según La Crónica, el gasto crece apenas 1.1% real frente a lo aprobado para este año, y casi 15 de cada 100 pesos irán a programas sociales y obras prioritarias. El plazo constitucional vence el 15 de noviembre.
El mensaje de Bolaños traía un ruego y una confesión. El ruego: debate «serio», sin insultos ni descalificaciones, días después de que la comparecencia del sector Salud terminara a empujones. La confesión: «Dejemos afuera de la Cámara de Diputados, por lo menos por esta semana, la competencia electoral». Por lo menos por esta semana. Traducción jabalí: el resto del año, la tribuna es templete de campaña, y se pide tregua solo mientras se reparte el pastel.
Y en el reparto, al INE le tocó la rebanada al revés. El dictamen ya traía un recorte de 5 mil millones de pesos que, según la propia comisión, se fueron, entre otros destinos, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a medio ambiente y a la Agencia Federal de Aviación Civil. El viernes, en lo particular, la Comisión de Presupuesto aceptó una reserva del petista Jorge Armando Ortiz para mover otros 618 millones 17 mil 896 pesos del Instituto a la expansión de la educación inicial; El Universal documentó que el dinero apunta a los Cendi que operan dirigentes del propio PT. La presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, lo resumió sin anestesia: «Al Instituto Nacional Electoral en total le quitamos seis mil millones».
Nadie dice que el INE sea un convento. La renuncia de Guadalupe Taddei, los contratos bajo sospecha y el cochambre de los últimos meses justifican revisarle cada peso. Tampoco es pecado darle dinero a las guarderías: la educación inicial es de lo poco en el presupuesto que nadie debería regatear. Lo que discuto es el método. Se le pasa la tijera al árbitro el año de la elección intermedia, mientras el jueves 12 se discutirá la convocatoria para elegir a quien sustituya a Taddei. Ricardo Monreal ya advirtió que, si todo sale por mayoría, la nueva presidenta «va a nacer cuestionada». Lo dijo él, no la oposición.
Segundo escenario: la ventanilla. Mientras en San Lázaro se recortaba al Instituto, los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana confirmaron un paro para este lunes 9. Su vocero, Edgar Fernández, calcula unos 750 módulos en 20 estados; otros recuentos hablan de 800 módulos y cerca de 5 mil personas. Piden que el sueldo pase de unos 9 mil a 19 mil 164 pesos al mes, jornadas que no se estiren hasta 12 horas, contratos formales para quienes trabajan por honorarios y equipo que no sea de museo. Denuncian que hay días en que comen en 12 minutos. Su solicitud de revisión salarial se presentó el 21 de mayo. Casi seis meses en lista de espera, como cualquier ciudadano en el módulo.
El INE respondió el sábado con el comunicado 491, un pequeño clásico del género: «Reconocemos la legitimidad de sus preocupaciones y la importancia de atenderlas». Ofreció medidas «viables, responsables y sostenibles», pero ni cifra ni plazo ni la palabra paro. En el debate del viernes, el panista Federico Döring se opuso a la reserva y defendió a esos empleados que, «curiosamente», piden «trabajo digno». Tiene razón en el dato. Lástima que la oposición se acuerde de la ventanilla justo cuando le sirve de trinchera. Porque el INE que conoce la gente no es el Consejo General: es la credencial que te entregan en ese mostrador.
Tercer escenario, el que no admite ironía. Desde el sábado, Madres Buscadoras de Quintana Roo y el Colectivo Femenil Ixtabay bloquean el kilómetro cero del bulevar Kukulcán, la entrada a la zona hotelera de Cancún. Un juez federal concedió la libertad a Ángel Conrado «N», señalado como feminicida de Francisca Mariner, hija de María Patrón, presidenta del colectivo. Francisca desapareció en junio de 2020. Según su madre, la liberación se debió a un error en el llenado del formulario de detención de noviembre de 2022. Un formulario.
El caso no era menor. En agosto de 2025, la Fiscalía de Quintana Roo informó que una sala había confirmado la condena de 50 años de prisión contra ese mismo hombre por la desaparición de Francisca; el juicio por feminicidio seguía pendiente. Hoy la familia ni siquiera sabe si la resolución alcanza a uno o a los dos delitos. «Una vez más nos demuestran la incompetencia que tenemos con las autoridades», dijo María Patrón, que además teme represalias. No conocemos el texto de la resolución y el debido proceso no es un lujo: si la detención se documentó mal, la ley obliga al juez. Pero entonces el error tiene firma, y no es la de las madres.
Mientras tanto, camaristas y meseros caminaron medio kilómetro para cruzar el bloqueo, y policías turísticos subieron a visitantes a sus patrullas para que no perdieran el vuelo. Bien por los turistas. Pero el Estado que en una tarde consigue patrullas para llevar maletas al aeropuerto no supo llenar bien una hoja en 2022. La abogada del colectivo, Ariadne Song, prepara la impugnación. El plantón, avisan, es indefinido.
La Jabalinada es esta: en los tres escenarios el poder administra la espera ajena. San Lázaro pide tregua por una semana, el INE pide comprensión sin fecha y la justicia de Quintana Roo pide paciencia a una madre que lleva más de seis años exigiendo justicia. No resolver, sino reprogramar. No pagar, sino reconocer. No corregir el error, sino archivarlo con sello.
P.D. Las casas y la ventanilla. Este domingo, en Tuxtla Gutiérrez, Claudia Sheinbaum entregó 56 viviendas del conjunto Infonavit Los Poetas y 311 constancias de liquidación del Fovissste. Octavio Romero informó que las 400 casas del desarrollo se vendieron en tres días, y la Sedatu reporta en Chiapas 35 mil 602 viviendas de una meta de 70 mil 500. Es obra que se toca y se reconoce. La presidenta contrastó al buen gobierno con el «usurero y transa» del pasado y remató: «Lo que estamos haciendo es justicia, porque ya habían pagado lo que tenían que pagar». Las casas se vendieron en tres días. La respuesta a los módulos del INE lleva casi seis meses en trámite.
