«Escuchar antes de decidir, estudiar los problemas a fondo, proponer soluciones viables, vigilar el actuar del gobierno y regresar siempre a las colonias», esa es la fórmula de trabajo que la diputada del PAN, Liz Salgado, destacó al presentar su segundo informe de gestión como legisladora del Distrito 18 en el Congreso de la Ciudad de México.
La legisladora afirmó que las leyes no nacen del escritorio de un político, sino de la experiencia de la persona que enfrenta una calle insegura, la falta de agua, la discriminación o la incertidumbre jurídica.
Su trabajo legislativo, dijo, se orienta de las necesidades y demandas que escucha de sus vecinos al recorrer las calles.
En dos años de gestión, presentó 17 iniciativas de ley y 56 proposiciones con Punto de Acuerdo. En territorio, realizó 569 gestiones de servicios urbanos, 221 asesorías jurídicas gratuitas, 153 mastografías con el apoyo de FUCAM y entregó 129 aparatos ortopédicos a la gente de su distrito electoral.
«Detrás de cada cifra no hay una estadística fría, sino un vecino escuchado, un trámite resuelto y una familia que cuenta con el respaldo de su diputada», afirmó.
Entre sus principales logros destacó la aprobación de la reforma en materia de acoso callejero, para fortalecer la protección legal y la seguridad de las mujeres en espacios públicos, y la iniciativa para institucionalizar por ley la Policía de Género en la secretaría y las alcaldías.
También impulsa permisos y licencias laborales para personas cuidadoras de pacientes con cáncer de mama y un marco jurídico que obligue al gobierno a otorgar espacios educativos y médicos adecuados para personas con autismo.
En materia de infraestructura, sostuvo que mantiene control estricto sobre los megaproyectos de la zona poniente: «Las grandes obras de infraestructura deben mejorar la vida de la gente, no convertirse en un riesgo para su patrimonio.»
«Representar a la ciudadanía no es una tarea de escritorio; es un compromiso ético que exige presencia constante, empatía y apertura absoluta para rendir cuentas. Rendir cuentas es una obligación ineludible de todo servidor público, pero también es el derecho de cada vecina y vecino a saber qué decisiones tomamos, cómo votamos y qué resultados entregamos», concluyó.
