El presupuesto que nadie tocó, el juez que cayó en Bogotá y la salud a plazos

La Jabalinada, columna de Bruno Cortés

La Jabalinada / Bruno Cortés

En México el poder tiene una forma muy suya de escuchar: pone la silla, prende el micrófono y se va a su oficina. Este miércoles San Lázaro despachó el presupuesto sin mover una coma, Palacio Nacional admitió que de lo que pasa en sus juzgados y en Chihuahua se entera por Washington, y el IMSS-Bienestar prometió en 120 días lo que no llegó en años. Tres escenas, un mismo hilo: quién decide de verdad y quién nada más asiste.

Empecemos por la Cámara de Diputados. Tras casi 20 horas de sesión, en la madrugada de este miércoles quedó aprobado en lo particular el Presupuesto de Egresos 2027: 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, con 352 votos a favor y 130 en contra. Se registraron mil 760 reservas: 899 del PAN, 240 del PT, 217 del PRI, 215 de Movimiento Ciudadano, 157 de Morena y 32 del Verde, según El Economista. ¿Cuántas prosperaron? Ninguna. El dictamen salió exactamente como entró.

Y no fue casualidad: fue instrucción. Ricardo Monreal lo dijo sin anestesia: «No habrá ninguna reserva aceptada en las próximas horas». Ni las de casa: la morenista Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto, propuso quitarle al INE más de 500 millones adicionales para la Comisión Nacional de Búsqueda, y también se quedó en el tintero. Con una lista inicial de unos 600 oradores, luego compactada, la tribuna le habló durante horas a un pleno semivacío. Raúl Bolaños-Cacho lo justificó: los diputados seguían el debate desde sus oficinas, porque «el debate es desde la tribuna, no desde las curules». Genios.

Hay que decirlo completo. Aprobar el presupuesto a tiempo es obligación, no hazaña, y la mayoría tiene los votos que le dieron las urnas. La oposición tampoco llegó limpia: entre «migajeros», «lambiscones» y «el presupuesto de los transas», la tribuna tuvo nivel de cantina con micrófono. Y Movimiento Ciudadano, que votó en lo general con Morena después de los 6 mil 500 millones para los acueductos de Jalisco, terminó en el bloque del «no» en lo particular, según Expansión. Lo que discuto es el método: mil 760 propuestas que nadie pensaba leer no son parlamento: son utilería. Horas después, en la mañanera, la presidenta presumió aumentos en salud, educación y seguridad, y dijo que el INE «se queda con 36 mil millones, más o menos». El «más o menos» también es política pública.

Segunda escena: el vecino que sabe más. En Palacio se le preguntó a Claudia Sheinbaum por Luis Benítez Alcántara, juez de distrito de la Ciudad de México detenido el 1 de noviembre en Bogotá. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de nueve cargos por, presuntamente, recibir 2 millones de dólares para dejar libre, el 24 de febrero de 2025, a Andrew Clark, señalado como segundo al mando de la red de Ryan Wedding. La respuesta presidencial: México supo de la orden de aprehensión «unos días antes, no crean que mucho tiempo antes». Se había pedido su detención aquí; el juez se fue y lo agarraron allá.

No hay sentencia, hay acusación, y la defensa ya anunció que peleará la extradición porque, dice, cualquier responsabilidad debe investigarse en México. Justo ahí está el problema. El Tribunal de Disciplina Judicial informó que el juez ya cargaba con cuatro investigaciones administrativas por quejas en su contra, y aun así nadie aquí sabía nada de los dos millones de dólares. Traducción jabalí: el expediente de nuestros jueces lo arma un gran jurado en California y nosotros lo leemos en boletín, traducido.

Y en el mismo paquete viene Chihuahua. The New York Times publicó que Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, guió durante más de seis meses a agentes de la CIA que entrenaban a la policía estatal y la acompañaban en operativos, mientras el FBI lo investigaba por presuntos nexos con cárteles; a cambio, según el diario, recuperó su visa. Zuany, hoy prófugo y amparado, asegura que la gobernadora Maru Campos sí sabía; ella lo niega y le pide decirlo ante un juez. Su exjefe, César Jáuregui, está acusado de traición a la patria. La presidenta respondió que «sí vale la pena conocer quién es esta persona y cómo colabora él con una de las agencias de Estados Unidos».

Vale la pena, claro. Pero la pregunta incómoda es al revés: ¿cómo es que un juez presuntamente cobra dos millones de dólares y un fiscal con la visa revocada pasea agentes extranjeros por la sierra, y en los dos casos la noticia llega de fuera? La soberanía no se defiende en el atril: se defiende con controles que funcionen antes del escándalo. No vigilar, sino reaccionar. No prevenir, sino comentar. No investigar, sino pedir que «nos informe el Gabinete de Seguridad».

Tercera escena: la salud. El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, presentó un plan de 12 acciones en 120 días: 19 mil 314 contrataciones de personal de salud, cerca de 3 mil antes del 30 de noviembre; 78 equipos quirúrgicos itinerantes para 296 hospitales rurales, con la meta de más de 16 mil cirugías; más de 100 millones de piezas de medicamentos, y laboratorios en los 8 mil 200 centros de salud, cuando hoy los tienen 3 mil 435. Las consultas, dijo, pasaron de 37.3 millones en 2023 a 58.3 millones en 2026. La presidenta resumió: «Los institutos funcionan mejor que antes».

Concedamos lo justo. Regularizar a más de 118 mil trabajadores a partir del 1 de enero de 2027 es saldar una deuda vieja, y Svarch admitió que 21 mil 941 tienen hoy contratos eventuales, «muchos de ellos incluso contratos precarios». Esa franqueza se agradece. Pero el plan mismo es una confesión: si hoy hay que salir a contratar especialistas, repartir medicinas y llevar laboratorio a casi 4 mil 800 centros que no lo tienen, es porque la salud prometida «como en Dinamarca» sigue en obra negra. Y con 55.1% de la población económicamente activa en la informalidad, como se le recordó a la presidenta en la conferencia, la fila no va a esperar 120 días.

La Jabalinada es esta: en San Lázaro se votó sin escuchar, en Palacio se escuchó sin saber y en los hospitales se promete lo que ya debía estar. No debatir el presupuesto, sino palomearlo. No vigilar a los jueces, sino leer su acusación en inglés. No curar hoy, sino calendarizar la cura. El poder en México se acostumbró a decidir temprano y a enterarse tarde.

Lo contrario se llama gobernar.

P.D. Árboles por decreto. El Senado aprobó este miércoles, con 96 votos a favor, reformas a las leyes generales del Equilibrio Ecológico, de Asentamientos Humanos y de Cambio Climático para meter la arborización en la planeación urbana: plantar, mantener y conservar especies adecuadas al clima de cada región. Bien por la ley. Ahora falta que le gane a la motosierra de la próxima obra con listón inaugural. Plantar es fácil; lo difícil es que el árbol sobreviva a la siguiente administración.

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